Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha planteado una serie de reformas, algunas de ellas constitucionales, con las que pretende asentar su gobierno y trascender hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum; sin embargo, algunas de estas políticas serían contrarias al T-MEC.

Así lo dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que refirió que a cuatro años de su implementación y a seis de su renegociación, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá estaría enfrentando “nuevos desafíos” con la serie de iniciativas conocido como el Plan C.

Aquel paquete de reformas que originalmente contemplaba únicamente iniciativas de índole electoral y al Poder Judicial, se convirtió en una batería de hasta 20 iniciativas que han sido cobijadas por la presidenta electa.

Simplificación orgánica
Se trata de la iniciativa que busca erradicar algunos órganos autónomos, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La iniciativa prevé que las tareas destinadas a estos organismos sean absorbidas por algunas secretarías de Estado.

Según el IMCO, son tres los Capítulos del T-MEC que se estarían vulnerando por estas reformas, entre ellas el 18 sobre Telecomunicaciones, pues pide mantener un organismo regulador del sector que sea independiente y autónomo del Ejecutivo.

Así como el Capítulo 21 sobre la necesidad de una autoridad que aplique leyes de competencia; y el Capítulo 22, que cuente con un organismo que regule las empresas del Estado.

Industrias energéticas del Estado
La propuesta limitaría la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para celebrar contratos con empresas privadas, prevalecería esta sobre las privadas y elimina la CRE.

El conflicto en este caso llegaría a través del Capítulo 14, en el punto en el que se sostiene que si el país abrió su economía al comercio o inversión extranjera, entonces no podrá retroceder a ello en un futuro.

Prohibición al maíz transgénico
En cuanto a esta reforma, una de las más polémicas dentro del paquete de iniciativas, propone declarar al país libre del maíz genéticamente modificado.

En este sentido, se impondría una restricción sin presentar evidencia científica de los posibles daños a la salud, violentándose el Capítulo 2 sobre la implementación de medidas arbitrarias al comercio; así como al Capítulo 9, sobre que las medidas sanitarias y fitosanitarias deben contar con sustento científico.

Preferencia de disponibilidad del agua
Esta iniciativa impediría otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua, lo cual violentaría el Capítulo 14, en el cual se prohíbe el trato preferencial a empresas públicas por encima de inversionistas privados de otros países.

Prohibición de las concesiones para minería
La propuesta señala la prohibición en el otorgamiento de concesiones para la explotación y exploración de minerales en la minería a cielo abierto, de tal forma que la iniciativa violentaría el Capítulo 14.

Se trata de un apartado en el cual se prohíbe el trato preferencial a empresas públicas por encima de los privados de otros países. La reforma violentaría el compromiso de mantener las condiciones de apertura acordadas al momento en que se firmó el acuerdo.