Redacción

Además del sensible golpe que representan a las finanzas públicas del país, los programas sociales de dispersión de recursos sin condicionante podrían implicar una estrategia “poco redituable” para la población por la carencia de mecanismos para estimular la productividad y autocreación de riqueza, alertó el sector privado.

En este sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), alertó sobre las consecuencias en que podría derivar este tipo de programas que, hasta el momento, ha representado una estrategia política favorable para el gobierno, particularmente en el corto plazo, pero poco productiva para la sociedad.

“Efectivamente, es probable que la estrategia sea poco redituable para la sociedad en una perspectiva de mayor plazo. Las transferencias no condicionadas no contienen incentivos para romper el pernicioso circulo de replicación de la pobreza y generar movilidad social. Los proyectos insignia no tienen prueba de su rentabilidad social, como lo requiere la ley de presupuesto”, afirmó el organismo perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial.

Por medio de un estudio, el CEESP refirió que la evolución del gasto público muestra señales de un incremento preocupante y su composición es poco productiva. Como porcentaje del PIB en 2021 representó 25.7 por ciento que es, junto con el dato del 2020, el porcentaje más elevado desde 2017 y similar a los niveles más altos del gobierno pasado.

Agregó que el gasto corriente representó 15.1 por ciento, el cual muestra una clara tendencia ascendente que se relaciona con la concentración cada vez mayor de gasto en los programas gubernamentales de transferencias no condicionadas a grupos sociales.

“Una preocupación creciente es la tendencia de largo plazo al alza en pensiones del gobierno, un gasto obligatorio. En 2021 representó cuatro por ciento del PIB, su segundo nivel históricamente más alto después del 2020 cuando representó 4.1 por ciento, año en el que naturalmente el producto experimentó una contracción anómala”, destacó.

El gasto en inversión física representó 2.6 por ciento del PIB y se conserva estable después del fuerte ajuste que sufrió en 2017 (de un punto porcentual) y es notoriamente inferior a los niveles que se observaron entre 2009 y 2015, de alrededor de 4.5 por ciento.

En el gasto no programable, el costo financiero como porcentaje del PIB (2.6 por ciento) muestra una tendencia ascendente respecto a años previos, debido tanto a una mayor deuda como al aumento de las tasas de interés.

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