Red de corresponsales

A partir de la contienda de 2021, en el Estado de México no podrán candidatearse quienes tengan sentencia ejecutoria por violencia política contra las mujeres o por violencia familiar y delitos contra la libertad sexual, o sean deudores alimentarios.

Además, la propaganda política o electoral no podrá contener mensajes discriminatorios y/o violentos contra mujeres.

Lo anterior, debido a que la Legislatura mexiquense aprobó un paquete de iniciativas contra la violencia política de género y en favor de la paridad, promovido por los grupos parlamentarios de Morena, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Las reformas crean la Unidad Técnica Para Atender la Violencia Política Contra Las Mujeres en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), instancia que se encargará de atender los casos de agresión a precandidatas, aspirantes, militantes, servidoras públicas, periodistas y

El incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta 50% del financiamiento público que corresponda a cada partido político, por el periodo que señale la resolución.

Durante la presentación y discusión del dictamen, avalado de manera unánime, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Mariana Uribe, indicó que las modificaciones empoderarán a las mujeres y permitirán que ocupen más cargos públicos y de alto mando. “Basta de expresiones del machismo como ‘yo no soy la señora de la casa’; dejarán de compararnos con una lavadora”, enfatizó.

“Las nuevas disposiciones obligarán a la clase política a esforzarse por ser ejemplo de conducta ante la sociedad y tener autoridad moral e impulsar las reformas que el estado requiere”, confió el también morenista Gabriel Gutiérrez.

Su correligionaria Azucena Cisneros recordó que, en la elección de 2018, 62.5% de las candidatas se asumieron como víctimas de violencia política, y 82% atestiguó abusos incluso en su partido.

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