Redacción
La “agresiva” y “autoritaria” decisión del gobierno federal de prohibir la importación de cigarros electrónicos mermará la lucha en contra del tabaquismo en México, pues dejará vulnerables a todas aquellas personas que están en proceso de dejar (o dejaron), de fumar tabaco a través del uso de vaporizadores, afirmó la organización ProVapeo México.
“Lo grave de este tipo de políticas agresivas, autoritarias e impulsivas, basadas en el pánico, es que pueden producir que cientos de miles de personas que ya no fuman vuelvan a fumar; es resultado de una política errónea”, afirmó el director general de la institución, Roberto Sussman.
Y lo anterior, porque de manera sorpresiva, este miércoles fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto presidencial mediante el cual quedará prohibida la importación de los dispositivos conocidos como cigarrillos electrónicos, “como parte de las acciones del Gobierno de México para proteger la salud de los mexicanos, atendiendo a los compromisos internacionales y al derecho fundamental a la protección de la salud de toda persona, previsto en el artículo 4° constitucional y para evitar el daño en la población, particularmente en jóvenes, sea irreversible”.
Sin embargo, el también investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, advierte que el decreto será contra producente, en virtud de que restringirá la disposición de vaporizadores, los cuales, afirmó el especialista, han demostrado funcionar como una efectiva herramienta para combatir el tabaquismo y de lo cual, apuntó, un estudio del Reino Unido da cuenta de ello.
“Es un instrumento que están usando los británicos a nivel gobierno para combatir el tabaquismo y les ha funcionado muy bien porque su porcentaje de fumadores bajó del 20 al 15 por ciento en cinco años”, afirmó.
Al respecto, el especialista dejó en claro que “vapear no es fumar”, pues explicó que la primera actividad consiste en la vaporización de sustancias, mientras que el segundo es la combustión del tabaco, lo cual genera severos daños a los pulmones de quien fuma.
Roberto Susman agregó que otra consecuencia del decreto presidencial es que fomentará “el mercado negro” de los vaporizadores, con el riesgo de que proliferen productos de dudosa calidad, a diferencia de lo que sucedería si se aprobara una regulación para la distribución y venta de ese tipo de dispositivos.
“Es un desastre el decreto porque todas las prohibiciones llevan al mercado negro y problemas sociales y agravan los problemas que ya existen; esa es una experiencia histórica que tenemos con todas las prohibiciones; entonces yo no veo que vaya a beneficiar esta prohibición”, advirtió Roberto Sussman, quien participó este miércoles, precisamente, en un foro convocado en la Cámara de Diputados sobre regulación de cigarros electrónicos.
En ese sentido, al igual que el presidente de ProVapeo y demás invitados al foro, el diputado morenista, José Ricardo Delsol Estrada, se declaró sorprendido del decreto publicado en el DOF, en virtud de que no existió un debate previo ni se tomaron en cuenta investigaciones y posiciones de los diferentes sectores involucrados.
“Es una decisión no compensada; es una necesidad que no podemos evadirla porque es algo que nos rebase; se tiene que regular; hay muchísimas evidencias de que ya es una realidad para muchos esa opción y haríamos mal en cerrarnos”, afirmó el legislador.
Incluso, dijo que muestra de que los tomó por sorpresa el decreto mencionado, es que, como parte de las negociaciones para avanzar en una eventual regulación de los cigarros electrónicos, está programado otro foro sobre la materia en el recinto legislativo en la primera semana de marzo.
En este sentido, dijo que, por lo pronto, se mantiene agendado el encuentro mencionado, con el objetivo de insistir en la definición de una regulación a dichos dispositivos y revertir la prohibición mencionada.
Cabe mencionar que representantes de la Secretaría de Salud (SSA), estaban programados en la agenda de actividades del foro, pero durante el evento se dio a conocer que los funcionarios argumentaron que, debido a la presencia de algunos especialistas que podrían incurrir en “conflicto de intereses”, determinaron declinar su participación.
