Redacción
La eventual aprobación de la propuesta de obligar a los contribuyentes a revelar sus esquemas reportajes resultará contraproducente para el erario, toda vez que esa disposición de tipo “inquisición fiscal” podría orillar a contribuyentes a operar en la informalidad ante la imposibilidad de operar dentro de la ley, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
El presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, advirtió que los contribuyentes y en especial las micro y medianas empresas tendrán que afrontar un nuevo acoso fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el cual podrá afectar su desempeño productivo.
Y lo anterior, agregó, porque dentro del Paquete Económico 2020 se está proponiendo modificar el artículo 17-H, fracción X del Código Fiscal de la Federación para aumentar los casos y modificar algunos actuales, en los que SAT puede cancelar el sello digital, plagando de incertidumbre al sistema tributario.
“Con estas nuevas medidas, el SAT le está quitando certeza jurídica a los pagadores de impuestos, puesto que ahora, con un criterio sumamente estricto y subjetivo, podrá cancelar el sello –entre otras razones más– si no se presenta la declaración anual un mes después de la fecha obligada; cuando no se presenten de forma consecutiva dos declaraciones provisionales; cuando se detecten operaciones simuladas o inexistentes; si los ingresos declarados no “concuerdan”; así como por datos de contacto mal proporcionados, como la dirección fiscal, el correo electrónico o el teléfono”, alertó el empresario.
El líder del sindicato patronal dejó en claro que es obvio que, si el caso lo ameritara, todas esas razones acreditan una aclaración por parte del contribuyente e incluso una sanción.
Sin embargo, alertó que la cancelación del sello digital es una afectación mayor a los daños que pudieran derivar de estos nuevos supuestos.
“Esto es grave, porque si se cancela el Certificado de Sello Digital, se anula de golpe toda la operación del contribuyente, al no poder facturar más. Y en el peor de los casos, se generan incentivos para que estos contribuyentes afectados decidan volverse informales y realizar sus actividades en el margen de la Ley, con lo que ni siquiera se estaría avanzando en el combate a los delitos fiscales”, afirmó.
