Por René González y David Toriz
En tiempos de campañas electorales se hace más frecuente un reclamo social: el oneroso financiamiento público que reciben los partidos políticos para sus actividades.
Este año electoral, además de los recursos ordinarios que reciben anualmente cada instituto, se agregará un porcentaje destinado exclusivamente para las campañas políticas a nivel federal que sustituirán los quinientos diputados del Congreso de la Unión, más las quince gubernaturas que estarán en disputa.
Si desde hace años, buena parte de las críticas a los políticos “profesionales” tiene que ver con el dinero que reciben de la sociedad; en un momento que todo el mundo enfrenta la peor pandemia desde la llamada “gripe española”, los ánimos terminan por exacerbarse. Pero vale la pena preguntar, ¿Quiénes son los responsables de los altos costos de la incipiente democracia mexicana?
Para este 2021 están aprobados por parte del Instituto Nacional Electoral (INE)[1] más de mil quinientos millones ($1,575,285,638) para todos los partidos políticos, sin incluir el financiamiento para candidaturas independientes ($31,505,713). Así en un solo año se tienen destinados más de siete mil millones de pesos ($7,226,003,636) como financiamiento público para repartir entre los partidos con registro nacional y los candidatos independientes que se presentaran a la contienda electoral del 6 de junio.
Estas abultadas cifras sirven como buen comparativo del financiamiento público con que cuenta el mismo INE, pues tan solo como presupuesto base para sus funciones disponen de más de diez mil millones ($10,726,703,896) en 2021 que, sumados a los proyectos como la promoción de la cultura cívica o la igualdad de género, y el financiamiento para las elecciones, alcanza los $19,593,797,958, diecinueve mil quinientos noventa y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos, como gasto total de la democracia mexicana en año de pandemia.[2]
Parece una mala broma que las autoridades del INE reclamen por la reducción de menos de 870 millones como un gran sacrificio de su parte, y sin duda es un abuso que sumen los gastos de la Consulta Popular aprobada por la Cámara y validada por la Suprema Corte, como un recorte a “su” presupuesto, anteponiendo “sus” proyectos, a las necesidades de la sociedad. Otro caso institucional de ser autorreferenciales, o no querer dejar de verse el ombligo.
La demanda de austeridad en toda la gestión pública tiene que comenzar a ser atendida por el INE como también por los institutos políticos con registro, que pocas quejas presentan al momento de recibirlo. Sin embargo, la validez del reclamo para que sean solidarios en tiempos aún más difíciles por la contingencia sanitaria, no puede dejar de lado la necesidad del financiamiento público como garantía de equidad en las contiendas, el único medio que tenemos para intentar una buena fiscalización de los gastos de todos los actores dispuestos a impulsar un proyecto político por la vía electoral. No se puede caer en una postura maximalista que solo quite el dinero público, dejando el ejercicio de la democracia a “la mano del mercado”, o a las ideologías que justifican la legitimidad de un proyecto en “la sobrevivencia del más fuerte”.
Tendríamos también que cuestionar como el debate político, indispensable de una sociedad democrática, se ha ido trasladado a los terrenos propios de las plataformas digitales que, como nuevas plazas públicas, todos los actores políticos están dispuestos a ganar ahora con su presencia a la distancia y grandes contingentes virtuales. La nota de Dulce Olvera en Pie de Página, (https://tinyurl.com/y6axqtys) nos proporciona una buena muestra de estas nuevas tendencias que convierten las campañas políticas tan solo en marketing electoral, y que por haberse consolidado en estos tiempos de confinamiento, es que la búsqueda del apoyo popular se concentra en grandes plataformas comerciales como Facebook e Instagram.
En esta nueva arena, la inequidad es evidente. No existe una legislación que regule quienes pueden contratar publicidad para promocionarse electoralmente, por eso es que encontramos entre quienes contratan estos servicios de autopromoción que se cotizan en dólares, tanto a precandidatos, como a los mismos partidos que los postulan.
Contrario a la imagen que vende Facebook de ser una plataforma para conectarse con los amigos que “siempre será gratuita”, si uno pretende tener un alcance mayor que sus propias redes de contactos, se tiene que contratar los anuncios que la misma compañía se encarga de focalizar en los sectores de la población que se pretende alcanzar, gracias a las funciones de segmentación que la plataforma ha desarrollado con las interacciones que diario realizan millones de personas. Así, todos los sitios vinculados a Facebook, ofrecen un servicio de publicidad que hace palidecer el alcance que han tenido los anuncios en radio o en televisión.
Tomemos el ejemplo del puntero en gastos tan solo en estos medios: el precandidato a la gubernatura del Nuevo León, el senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, digno representante de las oligarquías de nuestro país. Si lo que pretende es vender una imagen de “juventud y frescura” en la política nacional, las plataformas digitales son ideales para llegar a los sectores que consideran la actividad política como lejana o ajena a sus preocupaciones cotidianas, y que más se sienten identificados por las interacciones que se logran en la red. Así mismo, otros grupos etarios han encontrado un nicho en estas plataformas, para mantener los vínculos en momentos que por salud pública se desaconsejan las reuniones. Para llegar a todos ellos el senador con licencia ha gastado por sí mismo más de tres millones de pesos ($3,510,527), mismos que estamos en la imposibilidad de saber de dónde provinieron (¿Será de su salario?), o quiénes son sus patrocinadores; más si tomamos en cuenta que “su” partido tan solo ha gastado más de dos millones ($2,395,658), para promocionar a sus candidatos.[3] Con una estrategia que roza los seis millones, se pretende sustituir el activismo político por presencia en las redes.
No es el único actor político que ha recurrido a esta estrategia, pero es el ejemplo palpable de los abusos que pueden alcanzarse si lo que termina por pesar es el dinero en el debate público.
En el universo del gasto electoral de todas las instituciones involucradas, lo que gasta un solo candidato parece una cifra muy menor, pero es justo la desproporción que se promueve desde el INE para financiar todo el aparato burocrático que se paga con dinero público, que amplios sectores de la sociedad no dudará en calificar como superfluos todo este financiamiento público, y seguirán demandando que se suprima. Ahí es cuando los patrocinadores de Samuel estarán más contentos de gastar su propio dinero para asegurarse el trato privilegiado que siente merecer, con la arrogancia propia de la ideología mercantilista: “el que paga manda”.
Es tiempo de luchar por el equilibrio entre dinero público que evite inequidad, la austeridad necesaria en tiempos de emergencia nacional, y la legislación que evite los abusos, de personajes que insultan la inteligencia del pueblo como Samuel García que derrochan con frivolidad mientras la ciudadanía padece la crisis económica.
[1] ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el financiamiento público de los partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2021. DOF: 25/08/2020 https://tinyurl.com/y2j7ur87
[2] https://tinyurl.com/y6cw5733
[3] Partidos y políticos derrochan millones en Face e Instagram. El Verde y Samuel García a la cabeza. Sin embargo.mx. https://tinyurl.com/y6axqtys
