Redacción

Durante los primeros seis meses del año, la organización ARTICLE 19 oficina para México y Centroamérica registró 272 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 16 horas cometida este semestre en contra de periodistas y medios de comunicación, de acuerdo con su informe sobre violencia contra la prensa en México para el periodo del primero de enero al 30 de junio de este 2023

Por medio del reporte, la institución precisó que las agresiones con mayor registro fueron las intimidaciones y hostigamientos con 68 casos (25 por ciento del total), seguidos del uso ilegítimo del poder público con 61 casos (22.43 por ciento), y amenazas, con 49 casos (18.01 por ciento).

Entre los hechos de violencia que se registraron, se encuentran los asesinatos perpetrados en posible vínculo con la libertad de expresión de al menos 3 periodistas: Marco Aurelio Ramírez Hernandez el 23 de mayo, Luis Martín Sánchez Íñiguez el 7 de julio, y Nelson Matus Peña el 15 de julio. También se documentó la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, el 6 de julio.

El Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México.

Durante estos primeros seis meses del 2023, las autoridades fueron responsables de perpetrar 140 agresiones, es decir 1 de cada 2 ataques contra periodistas y medios. De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa con el 23.5 por ciento, seguido por el nivel federal con 19.4 y en tercer lugar, a nivel municipal con 8.4 por ciento. Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último lugar.

Las entidades con más agresiones documentadas por ARTICLE 19 contra la prensa fueron la Ciudad de México (65 casos, o 23.90 por ciento del total), Quintana Roo (21 casos, equivalente a 7.72 por ciento), Guanajuato (19, es decir el 6.99 por ciento), Puebla (18, o el 6.62 por ciento), y Coahuila (17, o el 6.25 por ciento).

Al final del informe, presentamos una serie de recomendaciones a los poderes ejecutivos federal y estatales, a los poderes legislativos federal y estatales, a la Fiscalía General de la República y las instancias de Procuración de justicias, al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, y a la Comisión Ejecutiva Federal y las Comisiones Estatales de Víctimas.

El informe se puede consultar en este enlace.

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