Redacción
El próximo gobierno deberá asumir un firme compromiso para impulsar la economía social en el país, como una vía para contribuir al combate a la pobreza y al desarrollo económico y comunitario en las regiones más necesitadas, con un enfoque de sostenibilidad y cuidado de la riqueza natural, coinciden organizaciones sociales productivas, organizaciones civiles, empresariales, académicas y personas expertas de organismos internacionales.
Representantes de diversas organizaciones civiles y empresas de propiedad social participaron en el Encuentro Nacional por la Economía Social y Solidaria, celebrado en la Ciudad de México (CDMX), y el cual es la culminación de encuentros previos que se realizaron en Guerrero, Puebla y Oaxaca.
Durante este evento, las organizaciones plantearon la urgencia de crear, apoyar y acompañar a las Empresas Sociales en distintas regiones del país desde el sector público, como un mecanismo que permite lograr un triple impacto en zonas de muy alta marginación: económico, social y ambiental.
Las Empresas Sociales son unidades económicas de propiedad colectiva integradas por personas trabajadoras, productoras y/o consumidoras, que se asocian de manera estable y se constituyen formalmente con fines económicos, sociales y ambientales, explicaron. Pero también reconocieron que hay una gran diversidad de experiencias de asociación y de organización productiva que no se formalizan (muchas veces por múltiples barreras que enfrentan para hacerlo), pero que también son soluciones viables para combatir la pobreza y proteger la naturaleza.
Se compartieron datos y experiencias que ya se desarrollan especialmente entre comunidades indígenas en el sur sureste del país, como el grupo cooperativo Tosepan y el grupo cooperativo Qualli, en Puebla; la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) y Ecotierra – Comunidades Campesinas en Camino en Oaxaca; Majomut y Yomol A’ Tel en Chiapas.
De esta manera, mediante esquemas de participación colectiva que aportan producción y generan desarrollo social, rompen y superan la tradición de los Gobiernos, ya sea federal y locales, de hacer a las personas dependientes de los subsidios y transferencias económicas individuales.
El sector social de la economía aporta el 1.6 por ciento del PIB a nivel nacional (354,706 millones de pesos); de ese total, las Empresas Sociales contribuyen con el 24 por ciento (alrededor de 86,385 millones de pesos). La economía social aporta la tercera parte del PIB del sector primario (agropecuario, pesca, forestal), según los datos dados a conocer recientemente por INEGI, en el “Estudio de Caso de la Economía Social 2023” que se presentó en el Encuentro.
México carece de una política pública de fomento desde el ámbito federal y un marco legislativo que genera obstáculos y complicaciones, en lugar de promover su fortalecimiento.
En el actual gobierno, las entidades de programas de fomento productivo para el sector social han sufrido un recorte drástico de presupuesto, quedando sin recursos para financiar proyectos. Y los gobiernos estatales tampoco han sabido apoyar de manera efectiva el modelo de economía social. Esto contrasta con la experiencia de Canadá, España, Portugal y otros países de Europa, donde la Unión Europea tiene una política de fomento que permite el florecimiento económico del sector social económico.
Ante dicho panorama, en el Encuentro Nacional se compartió una agenda para el fortalecimiento de las Empresas Sociales, en temas que van desde generar la visibilidad y reconocimiento público, acceso a fondos de inversión, créditos y otros instrumentos financieros; así como acceso a mercados y vías de comercialización, profesionalización y formación de cuadros, y definir un marco normativo y políticas públicas de fomento y se logró un diálogo con la senadora Patricia Mercado y con Pablo Yáñez, funcionario de la CEPAL, quienes ofrecieron apoyo para avanzar en esta agenda, desde sus propios campos de acción.
