A pesar de la bandera política de combatir la corrupción que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la aplicación de auditorías han ido a la baja.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las auditorías de control, vigilancia o fiscalización que se aplicaron en el gobierno federal durante el 2021 sumaron dos mil 336, cifra que resulta -42 por ciento inferior a los cuatro mil 042 que se aplicaron en 2017.
En línea con lo anterior, resulta que el número de servidoras y servidores públicos han ido a la baja de mera drástica: En 2017 fueron siete mil 303 sancionados, mientras que en 2021 sumaron tres mil 028, es decir, -58.5 por ciento menos.
De acuerdo con el tipo de falta administrativa asociada, dos mil 940 servidoras y servidores públicos realizaron faltas administrativas no graves. Esto representó un aumento de 53.2 por ciento, en comparación con 2020.
El INEGI, agregó que en 2021, se sancionó a tres mil 694 servidoras y servidores públicos. De las sanciones, 94.3 por ciento (tres mil 482 casos) fue de carácter administrativo y 5.7 por ciento (212), económico. Comparado con 2020, las sanciones impuestas aumentaron 91.5 por ciento.
Respecto al tipo de sanción administrativa, la más frecuente fue Inhabilitación temporal, con mil 624, que representó 44 por ciento del total. En comparación con 2020, dicha sanción administrativa aumentó 116 por ciento.
Finalmente, el organismo autónomo agregó que durante 2021, 175 servidoras y servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión de algún delito en ejercicio de sus funciones. Respecto a la cifra reportada en 2020, las y los servidores públicos denunciados en 2021 disminuyó 72.7 por ciento.
