La consejera jurídica de presidencia, María Luis Albores, nos cuentan, le metió mano de última hora a los “Lineamientos General para la Protección de los Derechos de las Audiencias” -contrario a lo construido en cuatro meses de diálogo con los concesionarios de radio y televisión con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones encargada a Norma Solano– enfatizando en la discrecionalidad para determinar tales derechos, el sinuoso proceso para atención de quejas y especialmente en sanciones y multas.
Albores también le aventó pecho en su presentación en la conferencia matutina del pasado lunes… encendiendo las alertas ciudadanas ante el riesgo para la libertad de expresión que representaría una “Ley Censura”.
La situación se tensó fuertemente por que entre los asuntos que “la mano negra” agregó a los lineamientos fueron las sanciones contenidas en el artículo 54 donde se refirieron las multas al artículo 282 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En ese artículo las multas empiezan del 0.01% al 0.75% de los ingresos totales acumulables por asuntos simples como la no cumplir con las normas para desbloqueo de equipos móviles o en recarga de saldos, hasta el rango de 6% a 10% de tales ingresos por la prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión, autorización o constancia de registro, o interrumpir la prestación total de servicios sin causa justificada o sin autorización de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en poblaciones en que el concesionario sea el único prestador de los mismo.
En otras palabras, a las empresas de radio y televisión se les podría multar casi por cualquier cosa mediante los lineamientos que se hicieron públicos el lunes pasado… que por cierto ya estaban “suavizados” -nos dicen que tal vez en 80%- respecto a las primeras versiones en las que prácticamente se proponía la persecución de conductores, comentaristas y de empresarios de la radiodifusión que no se plegaran a los objetivos gubernamentales de control.
Y es que de la figura de “pluralidad” en la que se habría propuesto la obligatoriedad de contar con expositores con puntos de vista opuestos en todo programa de opinión y/o dar oportunidad en tiempo real a las réplicas.
O sea que sí se redujo en 80% la belicosidad a los lineamientos hoy oficiales, no hace falta mucha mente para imaginar las pretensiones originales emanadas de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Peña Merino.
Pero con todo y estar “descafeinados”, los actuales lineamientos oficiales colocan en el terreno de la subjetividad de interpretación lo que representan los derechos de las audiencias, los motivos de queja y de réplica referidos a contextos también construidos con subjetividad… dejando la solución misma “de lo que es verdad y lo que es mentira” al gobierno a través de una CRT dependiente del poder ejecutivo.
Tal vez los foros para discutir los lineamientos oficiales tal vez abran la puerta para reencaminar nuevamente el dialogo en pro de la libertad de expresión y la precisión informativa, pilares de la democracia.
El turbosinazo del primer semestre
Como todas las aerolíneas, las mexicanas salieron lastimadas por el abrupto incremento del precio de la turbosina en el primer semestre de 2026 a raíz de la guerra en Irán, el cierre del Estrecho de Ormuz y el consecuente incremento en las cotizaciones del petróleo. Para Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris significó que el combustible -de por sí el insumo que mayor peso tiene en su estructura de costos- elevara su costo en 44.1% en promedio para las tres compañías.
Ello, en consecuencia, impacto en cierta medida en el costo del pasaje, y derivó en efectos sobre los resultados de cada compañía… y cada una, conforme su estrategia de mercado, tuvo resultados netos diferenciados entre el primer y segundo trimestre de este año.
Aeroméxico, que encabeza Andrés Conesa perdió 47 millones de dólares en el primer semestre de 2026; Viva Aerobus que capitanea Juan Carlos Zuazua acumuló pérdidas por 133.3 millones de dólares en ese mismo semestre; y Volaris al mando de Enrique Beltranena perdió 199 millones de dólares en el seis meses.
Así las cosas.
Seles acabó la cobija a Dominguez y a Martínez
A lo mejor no se ha dado cuenta, pero con la remoción de Alfredo Domínguez Marrufo como director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), se acabó la protección y el padrinazgo que este funcionario otorgaba a Alejandro Martínez Araiza, secretario general espurio del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC). Así que ambos deberán enfrentar a la ley para ser sancionados.
Y es que Martinez Araiza violó el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, al no informar a Domínguez Marrufo el estado del patrimonio sindical que, tan sólo en cuotas asciende a 500 millones de pesos, a pesar de que se le solicitó en un escrito enviado por el CFCRL, desde el 19 de mayo de 2025.
De acuerdo con la ley, Martínez Araiza puede recibir del CFCRL la anulación de actos y reposición de asambleas, ya que él se auto reeligió en una asamblea ilegal en abril de 2025, mientras que, por la vía penal, puede ser objeto de sanciones por administración fraudulenta del sindicato.
Por su parte, Domínguez Marrufo sería acreedor a sanciones diversas, incluida la inhabilitación para ocupar otro puesto en el gobierno, al violar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por no cumplir sus funciones de supervisión y registro adecuado de los sindicatos, en este caso el SNAC.
Y bueno, lo que se le acumule por andar en tales cochupos.
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