Como ha ocurrido con prácticamente todas las acciones del Gobierno de México y del pueblo organizado a favor de la 4ª transformación; la derecha golpista pretende sistemáticamente mancharlas, descalificarlas o cuestionarlas sin argumentos racionales; tal es el caso de la Consulta Popular para el juicio a ex presidentes del periodo neoliberal, cuya campaña para minimizarla o desvirtuarla se observa con mayor beligerancia y visceralidad desde los residuos del viejo régimen.
Después de los hechos contundentes del 15 de septiembre, donde:
1.El pueblo de México en unos cuantos días recabó y presentó las dos millones setecientos mil firmas necesarias para solicitar constitucionalmente la Consulta Popular, en un esfuerzo ciudadano voluntario e histórico.
2.Se vendieron la inmensa mayoría de los boletos del sorteo especial del Avión Presidencial, suceso que demostró el modo faraónico y alejado de las necesidades básicas de la gente con que gobernaban los ex presidentes neoliberales. Se colocaron 4 millones 685 mil 800 billetes -78 % del total- obteniéndose 2 mil 342 millones de pesos para salud y educación.
3.El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un escrito al Senado de la República para solicitar la Consulta Popular del juicio a ex presidentes, toda vez que fue evidente en la colecta de firmas el respaldo ciudadano a dicho proceso, e incluso, en las encuestas de los diarios como El Universal y El País, donde 9 de cada 10 mexicanos opinaron a favor que haya justicia y revisión de las administraciones neoliberales.
4.Se concretó la eliminación del fuero presidencial emprendida por la mayoría legislativa de Morena en el periodo ordinario de sesiones iniciado el 1° de septiembre de 2020, lo que implicó predicar con el ejemplo para avanzar hacia el fin de los privilegios.
Desde diversos frentes, la derecha golpista ha olvidado su mezquina apuesta por la pandemia como ariete de golpeteo político (no les resultó porque el pueblo apoyó las medidas de prevención y nunca se vio rebasado el sistema de salud pública como ocurrió en países con condiciones similares), y a la fecha el conservadurismo promueve un discurso más estridente, caracterizado por el llamado al odio, la irracionalidad, la calumnia y la negación de la realidad desde posiciones fundamentalistas e irreductibles, que remiten a la búsqueda del fanatismo religioso como método de propaganda para lograr la base social de la que han carecido.
En esa lógica, actores políticos y plumas pagadas repiten el estribillo “todo es un fracaso” y el slogan predilecto es “no hay libertad de expresión”. Muy curioso que la supuesta falta de libertad de expresión se repita como frase hueca una y otra vez en la generalidad de los medios de comunicación. No había existido tanta queja de supuesta falta de libertad de expresión con tan múltiples expresiones de difusión.
La reacción se ha activado en líneas de golpeteo, como son:
a) FRENAA. Con un plantón de casas de campaña seriadas y vacías, personajes como Gilberto Lozano difundieron la falacia que “se les reprimía” cuando fue visto a ojos de todos que la protesta se ha desarrollado en las calles principales de la ciudad, y aunque es carente de legitimidad pues no tiene demandas claras más que decir que quieren se “vaya el presidente”, ahí se ha efectuado, incluso con la indicación gubernamental de cuidarlos de la provocación. FRENNA ha actuado como si la aspiración delirante de una minoría pudiera erigirse por encima de los derechos constitucionales de la mayoría del pueblo de México.
b) El Tumor (Todos Unidos contra Morena). Convocado a iniciativa del ex candidato presidencial Gabriel Quadri, con la inverosímil alianza electoral entre PRI, PAN y PRD, cuyo ensayo sería en Zacatecas, y que implica la organización del BOA (Bloque Opositor Amplio), que en un principio negaron, pero que nuevamente se observa como un desesperado intento de operación electoral para el 2021.
c) Los 650 abajo firmantes. A punta de desplegados, sin ninguna propuesta como oposición democrática, sin ideas, y replicando el discurso de odio, los intelectuales orgánicos que fueron favorecidos durante los sexenios del PRI y del PAN con contratos multi millonarios a costa del erario, dicen que se les niega la libertad de expresión, cuando quizá no haya carta más difundida que la suya por los medios masivos en la historia reciente.
d) Ricardo Anaya. El ex candidato presidencial ha anunciado “su regreso a la vida pública”, no obstante, es sabido que su alejamiento se debió a la necesidad de prepararse para los expedientes de corrupción en los que se ha visto envuelto, como el soborno de 5 millones de pesos que le entregó Emilio Lozoya a cambio de apoyar la reforma energética. Su reciente movimiento se inscribe en la lógica de buscar alguna candidatura que le dé vitrina para victimizarse y politizar los casos no aclarados en los que está inmerso.
e) Felipe Calderón. Después que el INE le negará el registro a México Libre por anomalías y falsificación de firmas, el ex presidente espurio organiza nuevos frentes de golpeteo, con el fin de buscar que el TEPJF revierta la decisión del INE y logre el registro para intentar tener fuero mediante un escaño, ante los saldos que tiene con la justicia de México y EU.
Ante lo anterior, es imprescindible no perder de vista que uno de los objetivos que en su sentido más amplio, plural y convergente ha reactivado y reorganizado desde abajo al movimiento social y ciudadano de apoyo a la 4ª transformación de México es la demanda mayoritaria y popular de juicio a los expresidentes, ninguna cortina de humo debe desviar la atención de dicho cometido.
Debemos estar alertas, en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá decidir la aprobación de la consulta, su fecha y características, para lo cual es oportuno recordar los aspectos esenciales de la exposición de motivos presentada por el presidente de la República.
Compartimos aquí un extracto del escrito de AMLO para solicitar la Consulta Popular:
“El suscrito, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular, en su capítulo II, artículo 12, fracción 1ª, presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar al pueblo de México sobre el asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente exposición de motivos.
“Entre el 1º de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa gráfica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista.
“El neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas; en decenas de miles de desapariciones; en la conculcación de derechos políticos y sociales; en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social; en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación; en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores; en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas; en un pronunciado deterioro de las instituciones; en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves.
“Desde el primer día de mi gobierno se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo.
“No obstante, el masivo clamor de justicia se enfrenta a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que establece el artículo 108 constitucional -en curso de modificación- para actuar penalmente en contra de un presidente en funciones o como la consideración de delitos imprescriptibles que los mencionados habrían cometido o habrían podido cometer en el ejercicio de la presidencia.
“El país se encuentra, en este punto, en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes en las que es ineludible que el Estado emprenda un proceso de esclarecimiento a este respecto.
“Independientemente del curso que tomen las acciones legales en los procesos en contra de diversos exfuncionarios, tanto en México como en el extranjero, la decisión de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco expresidentes referidos ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y que, por su proyección histórica y sus implicaciones políticas, amerita ser puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa.
“En mi toma de posesión, consciente de la relevancia y las implicaciones de juzgar penalmente a quienes ejercieron la presidencia, propuse la realización de una consulta popular como un paso necesario para resolver sobre este delicado asunto.
“Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. Si rechaza la propuesta el pueblo de México, nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales.
“En lo personal, reafirmo la postura que he sostenido siempre sobre este tema en el sentido de que, en el terreno de la justicia, se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.
“He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso; sin embargo, de realizarse la consulta respetaré el fallo popular sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo. En otras palabras, nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie, porque, como le he afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza.
“El ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad de iniciar procesos legales en contra de los expresidentes es, en sí mismo, un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales; una forma de despejar la ambigüedad legal que ha imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial y una reafirmación del principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de nuestra Constitución Política.
“La presente petición no contraviene la limitación establecida en el numeral III, fracción 8ª del artículo 35 constitucional en el sentido, cito textualmente de que ‘no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección.
“No es así por cuanto la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal, claro, un asunto de interés general y trascendencia nacional, y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso; por el contrario, la consulta popular pedida reafirma el derecho a participar en los asuntos públicos estipulado en el artículo 25 del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“El tema que motiva la presente petición de consulta popular repercute en todo el territorio nacional e involucra al conjunto de la población en términos del artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, al estar involucrados sus intereses e instituciones, y dado que los hechos que la originan revisten por sí mismos una importancia y gravedad tal que es preciso someterlos a este mecanismo de participación ciudadana.
“En consecuencia y en cumplimiento a la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular propongo la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
“Por lo aquí expuesto, solicito respetuosamente a ustedes: Primero, tener por aceptado en tiempo y forma el presente escrito.
“Segundo. Dar cuenta de la presente petición de consulta popular y turnarla a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan para su análisis, dictamen y cumplimiento de las etapas procesales correspondientes con fundamento en los dispuesto por la fracción 1ª del artículo 27 de la Ley Federal de Consulta Popular y demás disposiciones aplicables.” (Fin del extracto).
No perdamos de vista, ante la reacción la respuesta es la Consulta Popular y que haya justicia para el pueblo de México.
