En el marco de la apertura anunciada el pasado miércoles del Campo Militar Número 1, y de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) referentes al período 1965-1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su posicionamiento, “a fin de abonar a la memoria, a la justicia y la verdad que reclaman y merecen las víctimas”.

En primera instancia, la Comisión manifestó su preocupación, ya que dichos archivos se tratan de una investigación sobre violaciones graves de derechos humanos cometidos por el Estado a través de miembros del Ejército.

Por lo cual habría el riesgo de que se pretenda equiparar a las víctimas de esas violaciones con los soldados que cometieron esas violaciones y que, si bien pudieron haber caído en esas acciones, de modo alguno pueden tener el mismo tratamiento de quienes sufrieron vejaciones, detenciones arbitrarias, violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura.

“Desde nuestro punto de vista, un acto de reconocimiento de estos hechos honraría a las Fuerzas Armadas, reafirmaría su esencia popular y reforzaría su compromiso con la transformación que vive actualmente el país, y ellas mismas”.

En un segundo punto, la CNDH mencionó que en el mes de enero de 2020 se instaló en esta misma Comisión, la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente con el objeto de documentar las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el período 1951-2016.

A la fecha mencionó que no solo ha estado recibiendo quejas y atendiéndolas hasta su resolución en el marco de sus atribuciones, sino que ha venido participando con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, en algunas acciones, siempre procurando apoyar una lucha que data de hace, al menos, 35 años.

En ese contexto, y como un tercer punto, la CNDH aportó incluso el plan para la intervención del Campo Militar No. 1 y la apertura de archivos, por lo que está comprometida en su cumplimiento.

Finalmente, en una cuarta observación, el CNDH reiteró la necesidad de que las autoridades del Estado tomen las medidas necesarias para el pleno esclarecimiento de los hechos acaecidos entre 1965 y 1990.

Sin embargo, se debe a hacer a partir de la construcción de una relación cercana y empática con las víctimas y colectivos de víctimas, donde se adopten decisiones realmente por consenso.

“Solo así, mediante el consenso y la unidad de acciones, podremos vencer inercias y resistencias naturales a todo proceso de justicia y de verdad.

“Para la CNDH, el esclarecimiento pleno del pasado y la garantía de no repetición es la única manera de ir resarciendo las heridas de las víctimas y así poder iniciar la necesaria reconciliación nacional”, puntualizó.

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