Muchos fuimos testigos del largo proceso de desafuero que viviera el ahora presidente de México y que terminara por consumarse el 7 de abril de 2005. El estímulo evidente consistía en evitar que el Jefe de Gobierno de la ciudad de México pudiera competir por la presidencia de la república en el 2006, toda vez que las encuestas y su popularidad pronosticaban grandes posibilidades de triunfo. Poco después, Fox, daba marcha atrás en la acción penal y Calderón instruía a diputados panistas para que pagaran la fianza. Vicente Fox, terminaría por ser evidenciado como un delincuente electoral.
Este “modelo de competencia política” que pudiera haber pasado desapercibido para algunos, no lo fue para Bertha Luján y sus incondicionales.
El pasado 15 de junio enviaba a Alfonso Ramírez Cuellar a las oficinas de la Fiscalía General de la República para que interpusiera una denuncia en contra de Yeidckol Polevnsky por daño patrimonial y lavado de dinero. Ellos sabían de antemano la inexistencia de esos delitos pero les ilusionaba la posibilidad de destruir al partido y sus liderazgos.
Por si fuera poco, el día de ayer, Héctor Díaz-Polanco, cumplía con mansedumbre su tendencioso papel de “juzgador” al emitir una sanción contra Alejandro Rojas Díaz Durán con la suspensión de sus derechos partidarios por un término de seis meses, que sería vigente hasta el 18 de diciembre de 2020.
Como todos lo sabemos, Yeidckol Polevnsky y Alejandro Rojas aspiran de manera legítima a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
El método elegido por Bertha Luján y sus esbirros, me recuerda a la temible Secretaría de Gobernación, en la fabricación de delitos respetando la “medida” en los deseos de los persecutores.
Yeidckol Polevnsky, desde hace algún tiempo, ha tenido que sortear un linchamiento mediático injusto que en NINGUN caso corresponde a la realidad, y tampoco a las aportaciones de sus luchas sociales.
TODOS la recordaremos durante el histórico proceso electoral 2017-2018, cuando debatía con los presidentes del PRI y del PAN apelando a su creatividad e inteligencia destruyendo sin piedad esos discursos falsos y caducos.
De la misma forma, antes de la judicialización imprudente, la Secretaria General del CEN de Morena ha demostrado con evidencia documental que todas las operaciones sobre inmuebles fueron realizadas de manera clara y transparente.
Los contratos signados con Inmobiliaria Moscati de Querétaro, SA de CV (fundada en Febrero de 2015) y Estrada Miranda Proyecto y Construcción SA de CV (en Noviembre de 2018) siguen vigentes y éstas empresas están dispuestas a cumplir sus acuerdos una vez que Ramírez Cuellar y su entorno se los permitan.
El Presidente López Obrador advierte con mesura: “Si hay acusaciones, deben hacerse con pruebas contundentes y no constituirse en un litigio mediático”. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Lo anterior nos sugiere que Ramírez Cuellar debió esperar antes de filtrar a “Reforma” su “veredicto deseado”, y saber que Yeidckol es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Él y sus “titireteros” serán culpables del daño moral a Yeidckol Polevnsky y al partido hasta que no salgan a divulgar la verdad.
Alfonso Ramírez Cuellar, conocido opositor al proyecto de la 4ta. Transformación, sin ningún mérito apreciable, fue impuesto como presidente “interino” del CEN de Morena por un plazo de cuatro meses que en unos días termina, y con una sola encomienda: organizar la renovación de dirigencias del partido. Sabemos que no cumplirá y se irá sin “pena ni gloria”.
Todos los cargos ofrecidos, candidaturas y alianzas con otros partidos carecen de legitimidad.
Morena deberá seguir con la ruta sugerida por el presidente de la república y el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que consiste en la aplicación de encuestas abiertas en todo el país. La militancia del partido no puede aceptar menos que eso.
¡La ingratitud mostrada con nuestros protagonistas siempre será despreciable!
