Por: Cecilia Martínez

Después de diez años de ausencia, México ocupará un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, representando a los países de América Latina y el Caribe durante los años 2021 y 2022.

Con 187 votos de 192, nuestro país formará parte del organismo de las Naciones Unidas, que tiene como propósito deliberar sobre los conflictos armados alrededor del mundo.

Esta es la quinta vez en que México participa como miembro con derecho a voto de esta instancia que fue fundada al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

En julio de 2019, el gobierno del presidente  Andrés Manuel López Obrador, mostró su interés en ocupar un lugar en el organismo y lo promovió con los países de América. 

El jefe del ejecutivo ha buscado tener un papel más importante ante el mundo y en los últimos meses su interés radica en imponer una agenda apegada al derecho internacional.

“De conformidad con nuestra vocación pacifista, partiremos de la convicción de que en todos los conflictos existen rutas para el diálogo y la conciliación, y que éstas siempre deben ser agotadas. Buscaremos una paz duradera para lograr un verdadero desarrollo sostenible”.

El evento donde México fue elegido miembro no permanente, consistió en invitar a cada uno de los 193 miembros de la ONU a depositar su voto en una urna, en función del horario asignado previamente, considerando las medidas sanitarias derivadas del COVID-19.

El representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, fue el encargado de realizar el voto por nuestro país.

Durante la jornada se  decidió qué países se sumarán al Consejo Económico y Social durante el trienio que empezará el 1 de enero de 2021.

El Consejo de Seguridad está formado por diez miembros elegidos y cinco permanentes, cuyo objetivo primordial es la de mantener la paz y la seguridad internacional.

Todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad.

Si se presenta alguna controversia, la primera medida del Consejo es recomendar a las partes en conflicto, que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. De lo contrario, puede imponer embargos, sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos.

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