Redacción
La corrupción y la falta de rendición de cuentas, sigue siendo una lacerante realidad en México y un tema no solo pendiente sino en riesgo, una vez que el Gobierno Federal, pretende desaparecer los organismos de transparencia, aseguró Ángeles Estrada, Directora Ejecutiva de la de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
“Históricamente desde que se crearon los institutos tanto a nivel federal como a nivel estatal, cada sexenio tenemos una lucha con el gobierno entrante para que entienda que es la transparencia, porque tienen que transparentar la información, que significa rendición de cuentas, como se garantiza el derecho al acceso a la información pero creo que nunca antes hemos enfrentado los embates directos de un gobierno que quiere desaparecer a los órganos de transparencia y eso es muy grave porque se eliminaría el derecho a la información y estaría a cargo de la Secretaría de la Función Pública, es decir, la misma autoridad”, subrayó.
Durante la presentación del estudio “Los organismos garantes del Acceso a la Información: entidades imprescindibles para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho” de ITAC Digital, de la Escuela de Ciencias y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Estrada, indicó que a pesar del impulso en los últimos años de reformas constitucionales y normativas para consolidar la política anticorrupción y garantizar el acceso a la información pública, hay “focos rojos” ante la negativa de algunas entidades para la rendición de cuentas.
Expuso que, tampoco han mejorado las evaluaciones del combate a la corrupción, ni los indicadores de transparencia han tenido un crecimiento significativo tal y como se refleja en las mediciones internacionales.
“La corrupción definida como el abuso del poder público para beneficio privado, resulta una conducta no solo ilegal e inmoral sino que interfiere con el buen uso de los recursos públicos en beneficio de la comunidad y menoscaba la legitimidad de los gobiernos en dos vías: primeramente al ocasionar la percepción de corrupción de los gobernantes como actores de impunidad al violar la ley y segundo, porque la ciudadanía ve mermado el desarrollo de sus derechos fundamentales como lo son la educación y la salud”, dijo.
Agregó que los autores de dichos actos de corrupción, al tratarse de conductas legales, tienden a buscar formas para ocultarlas, ya sea a través de incluir diversos sujetos en las transacciones corruptas como prestanombres o empresas fantasmas o bien, encubriendo información y en el peor de los casos, destruyendo evidencia que los incrimine.
Por su parte, Juan José Tena García, director del proyecto de Ciudadanía activa, rendición de cuentas y transparencia de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización, mencionó que es frecuente que de las 78 preguntas que se realizaron a los 33 organismo garantes en materia de acceso a la información pública en el país, se mantienen vicios añejos.
Dicha opacidad en materia de transparencia y rendición de cuentas, es notoria cuando las respuestas que dan los gobiernos no llevan a nada concreto, toda vez que se contesta con una URL que no existe, con un enlace electrónico que dirige a una página web que al ingresar señala “error”, un enlace a un espacio de almacenamiento de archivos en la nube que contiene una gran cantidad de documentos que involucran para el solicitante contar con un conocimiento de dicho programa mayor al básico, se responde con un enlace electrónico a la pantalla de inicio de una página web, sin embargo no da las instrucciones para encontrar la información solicitada, entre otras cosas.
Dijo que estados como Jalisco, Chiapas y Durango, no respondieron a ninguno de los cuestionamientos mientras que, Querétaro y Guanajuato, cumplieron con todo lo solicitado.
Mientras que la ausencia de un servicio civil de carrera, solo se cumple en Oaxaca y Veracruz para la formación de garantes de la información.
“La intención sobre todo es donde están las áreas que como academia podemos aportar y decirles, esto puedes fortalecerlo. Por ejemplo, un servicio civil de carrera, los puedes fortalecer muchísimo, hagan ejercicio de instituto abierto, inviten a la ciudadanía a que les pongan indicadores a ustedes mismos, los va a legitimar mucho más aún, los va a fortalecer mucho más en esta andanada de críticas que de repente tienen los organismos autónomos entonces, cómo vamos a brindar esas críticas y como nos vamos a proteger y a cuidar pues en la medida en que los ciudadanos lo hagamos nuestro”, subrayó.
Más adelante, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) Francisco Raúl Álvarez Córdoba, lamentó que, aunque exista información, los órganos garantes no respondan como el caso concreto de la preparación de los comisionados.
“Eso es algo fundamental porque en sus manos y en manos de todos los comisionados del país está el ejercicio de dos derechos fundamentales establecidos en nuestra constitución, el de acceso a la información y el derecho a la privacidad que se materializa a través de la protección de los datos personales, entonces es significativo que 20 estados no hayan respondido acerca de la preparación de los propios comisionados, lo cual tendría que ser un foco bastante rojo en cuanto al desempeño de los mismos”, indicó.
En su oportunidad, Ana Elena Fierro, directora de internacionalización Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, consideró que, aunque duela, hoy si se puede conocer el grado de corrupción.
“Lo que ha logrado la iniciativa anticorrupción y sobre todo lo que han logrado los órganos garantes es mostrarnos las cosas y duele, pero es mejor saber que no saber y creo que esto es un elemento importante, es el primer paso hacia combatir la impunidad y ahí el estudio también hace esta distinción, primero tenemos que saber para accionar y lograr funcionar”, indicó.
