El próximo 14 de noviembre se discutirá y, en su caso, aprobará el dictamen que busca sustituir de manera gradual el uso de plaguicidas altamente tóxicos y peligrosos para la salud humana, como el glifosato, informaron las senadoras de Morena, Margarita Valdez y Ana Lilia Rivera Rivera.
La presidenta de la Comisión de Salud, Valdez Martínez, refirió que el glifosato es una sustancia prohibida en muchos países y controlada en otros, porque causa muchas enfermedades.
Destacó que hay investigaciones muy serias en el mundo, donde está comprobado que “envenena células en diversos órganos del cuerpo humano”, a tal grado que genera enfermedades como el Alzheimer y Parkinson.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Salud, recordó que, a finales de 2020, el ejecutivo federal emitió un decreto para que se prohibieran “algunas sustancias muy tóxicas y venenosas”, como el glifosato, las cuales generan enfermedades renales y cancerígenas, y por causa de la pandemia de covid-19, no se pudo legislar en la materia.
Transitar a alternativas agroecológicas
Sin embargo, desde hace varios meses se retomaron los trabajos sobre el tema, dijo la senadora, por lo que tienen listo el dictamen para discutirlo y aprobarlo, en la continuación de la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, Segunda, el próximo 14 de noviembre.
Con ello, agregó la senadora Rivera, se da continuidad al decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020, para transitar a alternativas agroecológicas compatibles con los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua, al medio ambiente y a la biodiversidad, establecidos en el artículo cuarto de la Constitución Política.
La también vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado acusó que existe una campaña de desinformación de parte de grupos de productores, como el Consejo Nacional Agropecuario, en la que se afirma que con la prohibición de agroquímicos provocará una caída en la producción de alimentos y encarecimiento de los mismos.
Además, la senadora, promovente de la iniciativa, señaló que se busca aclarar dudas generadas al exterior, con una campaña de desinformación que está generando temor entre los pequeños productores del campo y entre la sociedad y que de aprobarse la iniciativa generará hambruna.
“Este proyecto de dictamen tiene como finalidad esencial sentar las bases legales necesarias para concretar la actual política del gobierno, dirigiendo las acciones de las áreas competentes de la Administración Pública Federal hacia la sustitución gradual, no inmediata, del uso de plaguicidas tóxicos, catalogados como altamente peligrosos”, indicó.
Menos importación de glifosato
La legisladora recordó que México ha firmado tres acuerdos internacionales sobre agroquímicos, que la Organización Mundial de la Salud y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han determinado qué sustancias se consideran plaguicidas altamente peligrosas, donde se incluye al glifosato, pero también a muchos otros.
Destacó que para transitar hacia alternativas agroecológicas y tras el decreto presidencial de referencia, se les encargó a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, retirar gradualmente esos plaguicidas e incorporar alternativas sustentables.
“Ya se empezó a importar menos glifosato. Los programas que la Sader está impulsando, junto con la Semarnat, están empezando a investigar y a poner en práctica nuevas maneras de combatir yerbas y plagas”, refirió.
No obstante, refirió que, frente al decreto presidencial, empresas transnacionales y nacionales, se han amparado, por considera que no tiene fondo legal.
“Son más de 40 amparos y esas empresas ya han ganado por lo menos dos amparos”, expuso.
Cabe recordar que tanto la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura han manifestado su respaldo a dicha iniciativa, porque protege la salud de la población, con la regulación sobre el uso de insumos peligrosos y tóxicos para la producción del campo.
