Por Silvia Hernández

El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Agencia de Protección Sanitaria local y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), endurecer las inspecciones y visitas de verificación a los puestos de tatuajes en tianguis o vía pública, toda vez que representa un riesgo a la salud.

Al respecto, la diputada Lilia Rossbach Suárez advirtió que, debido a la escasa supervisión de los puestos, estos no tienen programas de manejo de desechos biológicos o un tratamiento adecuado para su disposición, “requisitos que sí deben de cumplir otros establecimientos como las veterinarias, laboratorios, y algunas otras industrias específicas”.

Sobre este punto, dijo que hay varias denuncias de vecinos de Coyoacán, una de las alcaldías donde aumentan este tipo de servicios de manera irregular, en las que se advirtió que el desecho de los materiales se mezcla con los residuos sin ningún tipo de tratamiento.

Refirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 800 establecimientos de este giro en todo el país en 2018, concentrados principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La legisladora de Morena precisó que los jóvenes son libres y están en su derecho de realizar en su cuerpo los tatuajes o perforaciones, pero enfatizó que “lo que falta son supervisiones de las autoridades”, para evitar problemas graves de salud.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se estima que hay más de 12 millones de personas tatuadas y que el pago promedio por imagen de cuatro centímetros va de 35 a 100 dólares, dependiendo el número de tintas, diseño y prestigio del artista-tatuador.

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