La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador libró su primera batalla, luego de que este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que la Ley de la Industria Eléctrica favorezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de la iniciativa privada y las energías renovables.
Pese a que la mayoría de los ministros de la SCJN se expresó en contra fue imposible alcanzar la mayoría cualificada necesaria para determinar que el cambio viole el principio de libre competencia, como pedía la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición.
Los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Loretta Ruiz y Yazmin Esquivel (estas últimas nominadas por el gobierno actual) rechazaron la petición de invalidez.
Y aunque la discusión continúa sobre otros aspectos de la legislación, este primer resultado permite anticipar la victoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca limitar la participación privada en la generación eléctrica.
El punto clave de la discusión de hoy en la SCJN fue el cambio en el orden en que las centrales suben la electricidad a la red.
La Ley de la Industria Eléctrica modificada que aprobó el Congreso en marzo del año 2021 eliminó el apartado de acuerdo a los costos de producción, lo que favorecía a las plantas renovables particulares, más baratas que las de la CFE.
En su lugar, se priorizaron los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física por encima de las energías limpias.
Los contratos priorizados sólo podrán ser firmados por suministradores de electricidad, lo que se puede leer que corresponde a la CFE.
La LIE modificada también cambiaba el régimen de los Certificados de energía Limpia (CELs), un incentivo establecido por al reforma del año 2013 que buscaba fomentar la nueva inversión en renovables y que excluía a las centrales anteriores al año 2014.
El gobierno propuso que las centrales antiguas pudieran acceder a este esquema.
En su argumentación de acción de inconstitucionalidad de la ley de AMLO, los senadores de oposición argumentaron que los cambios iban en contra de la libre competencia y del derecho a un medioambiente sano establecidos en la Constitución porque se daba preferencia a la CFE sobre otras centrales particulares, aunque estas últimas fueran más baratas y limpias.
Además, se relegaba explícitamente a las energías limpias consideradas intermitentes como la eólica y la solar, principalmente generadas por plantas privadas, a un segundo lugar.
En cuanto a los CELs, los senadores argumentaron que permitir el acceso de centrales antiguas inundaría el mercado de estos instrumentos y hundiría los precios.
En el proyecto de sentencia la ministra Loretta Ortiz, quien fue apoyada en el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, rechaza todos los argumentos de la acción de inconstitucionalidad y sostiene que los cambios a la LIE no entorpecen la libre competencia porque las modificaciones establecen que tanto las centrales públicas como las privadas que tengan un tipo de contrato especifico tendrán la prioridad sobre el resto.
