Uno de los anhelos centrales del pueblo de México para lograr un verdadero cambio de régimen es eliminar el fuero para el titular del Poder Ejecutivo, y con ello abrir la posibilidad de que quien haya ostentado ese cargo pueda ser juzgado, como todo ciudadano por la comisión de cualquier delito, en circunstancia de igualdad ante la ley. Toda transformación en la historia nacional ha implicado terminar con fueros y privilegios del orden establecido precedente.

De 1988 a 2018, durante tres décadas de periodo neoliberal, las acusaciones de corrupción, los indicios de fraudes electorales, la impunidad para criminales de cuello blanco, los excesos y abusos de poder, el desmantelamiento de derechos sociales, las políticas de empobrecimiento de la población, y con mayor gravedad la comisión de crímenes de lesa humanidad, entre otros sucesos, nos remiten a considerar que la investidura presidencial se utilizó ilegalmente, y motivan a poner sobre la mesa la necesidad de justicia.

Que decir de agravios cometidos o solapados por gobiernos emanados del PRI y el PAN como: la venta de leche contaminada de la CONASUPO, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la masacre de Aguas Blancas, la matanza de Acteal, el gran robo del FOBAPROA, el Pemexgate, la matanza de San Fernando, la corrupción de Turissste, la compra de equipo llamado “ouija del diablo”, el caso Monex, el escándalo de OHL, el robo de Oceanografía, entre muchos expedientes más.

Desde su campaña presidencial el presidente AMLO ha dicho que su objetivo no es la venganza personal, ni ser verdugo de nadie, sino acabar con la corrupción; sin embargo, es claro que lo trasciende en lo personal la posibilidad de abrir un juicio a ex presidentes. Se trataría de una decisión histórica que no mira al pasado como erróneamente dicen algunas voces, sino al horizonte de fincar un país nuevo sin los lastres de la impunidad.

López Obrador ha referido la necesidad del “punto final” para hacer un alto en el camino, no seguir la ruta de la discordia y pasar a una etapa donde la vieja élite política se convenza así misma de abandonar las prácticas inmorales que los llevaron a la degradación y al país a la ruina.

No obstante, lejos de asistir a la buena voluntad del presidente, los grupos que fueron beneficiarios de la corrupción neoliberal y que se enriquecieron a costa del erario, no solo no quieren cambiar sus malas costumbres, sino que se han atrincherado en el golpismo para restaurarse a la mala en el poder.

La participación del pueblo organizado es fundamental en las condiciones actuales, primero para que el Congreso de la Unión asuma el mandato de la mayoría y elimine el fuero presidencial; segundo, para que avance una consulta que de sustento colectivo a la histórica decisión de revisar con toda legalidad el pasado y rehacer así el futuro entre todos.

Hay tres caminos para la consulta popular o ciudadana.

  1. Se puede desarrollar si lo piden el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con aproximadamente un millón seiscientos mil de firmas que suscriban la petición formal.
  2. Si la solicita la tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras.
  3. Si la urge el mismo presidente.

¿Para qué una consulta?

Para extender la democracia representativa al ámbito de la democracia participativa, que involucre a la ciudadanía en la toma de decisiones de los asuntos públicos y no solo en la elección periódica de sus gobernantes, a su vez para que signifique un proceso de construcción de ciudadanía y de nueva cultura política, donde la vida pública sea realmente transparente, y democrática.

Una encuesta realizada por el periódico El Universal y publicada el 27 de agosto dio a conocer que aproximadamente 9 de cada 10 mexicanos estarían dispuestos a votar a favor de iniciar juicios en contra de los ex presidentes de México. El medio reveló que uno de los más señalados es Enrique Peña Nieto, quien obtuvo el 89.4% a favor de ser llamado ante los tribunales en caso de haber cargos en su contra. Le sigue el también priista Carlos Salinas de Gortari con el 88.5%. También se pide juicio para el panista Felipe Calderón con el 81.1%. En tanto, el reportero Héctor Alee informó que el 95.6% de la población quiere ver procesos de juicios. Por ello es necesario hacer valer el instrumento constitucional que exprese estas tendencias de la opinión pública.

La consulta será una fuente de legitimidad en el caso de juzgar a los ex presidentes, no obstante, el juicio legal de las irregularidades y delitos que hayan cometido tendrá su curso, una vez que se les haya retirado el fuero. No es que la justicia se someta a consulta, sino se busca evidenciar el respaldo popular a la decisión política y colectiva de iniciar un proceso de juicio legal, legítimo y con el debido proceso correspondiente.

El presidente mismo ha insistido que tiene argumentos para oponerse al juicio en sí, pero está consciente que hay una expresión mayoritaria del pueblo de México que clama justicia y que por tal razón decidió cambiar el destino en 2018. Por dicha razón, el jefe del Ejecutivo federal aclaró que para evitar la protección a los expresidentes es que está solicitando al Congreso de la Unión que en el nuevo periodo ordinario de sesiones “la primera iniciativa que se discuta y apruebe a partir del 1 de septiembre, sea la de quitar el fuero al presidente para que pueda ser juzgado por cualquier delito”. El presidente AMLO es un demócrata y acatará el mandato del pueblo.

Ya sin el fuero presidencial, se abriría la posibilidad de la consulta ciudadana para avalar el juicio a ex presidentes. Sobre la fecha de realización habría dos posibilidades, si proviene de la solicitud de firmas ciudadanas su fecha la decidiría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra posibilidad es que se lleve a cabo el día de la elección federal el año próximo, el 6 de junio de 2021.

Por la premura de los caminos legales, un primer planteamiento que suscribimos es que los legisladores del movimiento eliminen el fuero y soliciten la consulta, al final del día son  representantes populares, electos constitucionalmente en las urnas por mandato soberano; a su vez esta solicitud puede ir acompañada de las firmas que se recaben desde la ciudadanía. Es muy pertinente y no sobra una campaña permanente de firmas e información sobre las características y fines de este acontecimiento político, que de lograrse tendrá impacto internacional y alcances históricos.

Por tal motivo, solicitamos atentamente a los legisladores emanados del movimiento que busca la 4a transformación de México, dar prioridad, discutir y aprobar la iniciativa enviada por el presidente AMLO para modificar los artículos 108 y 111 de la Constitución y terminar con el fuero a expresidentes.

Una reflexión final: ¿Cuántos casos tipo Lozoya y García Luna hay desde el salinismo a la fecha? ¿Si esta no es la hora del pueblo para regenerar México cuándo será? ¿Cuántas víctimas de la corrupción y la impunidad del viejo régimen neoliberal esperan justicia? Los intocables, los innombrables, los autores intelectuales y materiales del amasiato entre el poder político y el poder económico para el saqueo nacional deben rendir cuentas. No es asunto menor lograr que también se devuelva al pueblo lo robado y se estigmatice la corrupción. Hay que desenmascarar entre todos los mecanismos que caracterizaron al estado “de chueco” del PRIAN, y que llevaron al país al despeñadero.

Quitar el fuero no es el único fin, la consulta popular tampoco es el único medio; son pasos institucionales y legítimos para que desde el Estado democrático de Derecho se haga justicia. Por supuesto que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y todo el procedimiento debe hacerse con total apego a la legalidad.

Para redimir a las víctimas de abusos, aliviar al pueblo de la carga de los atracos, reconstruir nuestra Patria, y definir nuestro destino en el presente. Juicio penal y político a ex presidentes ya.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí