La “mexicanización” de la industria eléctrica en 1960 / Por David Toriz y René González

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Por David Toriz y René González

La ominosa imagen que quedó en la memoria colectiva del pueblo de México, de la noche del 10 de octubre de 2009, fue la presencia temeraria de cientos de elementos de la policía federal tomando furtivamente todas las oficinas e instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) como preámbulo para declarar su extinción, por medio de un decreto firmado por el criminal Felipe Calderón y su nefasto secretario de trabajo, Javier Lozano. En esas mismas oficinas centrales de Luz y Fuerza (Melchor Ocampo y Marina Nacional), casi 50 años antes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena, izaba la bandera de México para tomar posesión de las oficinas de la Mexican Light and Power Company, un 27 de septiembre de 1960.[1]

Ambos episodios, de signo político distinto, dieron paso a multitudinarias manifestaciones en la plaza del Zócalo, para condenar la creciente política privatizadora en 2009, y, para celebrar la nacionalización o “mexicanización” de la industria eléctrica en 1960. Uno y otro momento, son parte de procesos históricos que es necesario seguir conociendo más de cerca, para aprender de nuestra historia como herramienta para intervenir políticamente en el presente.

La nacionalización de la industria eléctrica concluyó con el decreto al artículo 27 Constitucional que propuso el presidente Adolfo López Mateos, estableciendo en la Constitución política, que “conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica para el servicio público, corresponderá exclusivamente a la Nación mexicana”. Ochenta y un años antes, en 1879 comenzó en la ciudad de León, Guanajuato el uso de la energía eléctrica dentro de una planta textil, como atisbo de nuestra primera industrialización.[2]

Desde ese nacimiento, quienes se hicieron cargo de los proyectos eléctricos fueron los extranjeros que explotaban minas o abrían las primeras plantas industriales, y quienes consideraron conveniente vender sus excedentes para uso doméstico y público, dentro de las poblaciones donde se encontraban asentadas sus plantas. Paulatinamente, a fines del siglo XIX, fueron surgiendo empresas en las principales ciudades del país, para producir y vender electricidad destinaba al alumbrado público. Cerca de los ríos, tuvo un auge la generación de electricidad por medio de los cauces naturales, y gradualmente aumentó el número de empresas extranjeras que invirtieron en electrificar las grandes áreas urbanas y atender las necesidades de las empresas.

Pero este modelo de desarrollo privado tenía como límite, el mismo auge minero o la rentabilidad para invertir y sacar ganancias en las principales áreas urbanas, pues no resultaba atractivo en términos de ganancias hacerlo en ciudades medianas o pequeñas, mucho menos en los miles de pueblos rurales que se esparcen por toda la geografía nacional. Así siguió la descomposición del régimen oligárquico que apoyaba Porfirio Díaz, y al triunfo de la fracción constitucionalista en la revolución mexicana, uno de los anhelos del pueblo que se plasman en la Constitución es que se extienda el servicio eléctrico y esta industria sirva para apuntalar el desarrollo nacional.

A partir de ese momento, el estado mexicano va tomando un papel para participar en esa actividad con la creación de la Comisión Nacional de Fuerza Motriz, que antecedió la expedición de códigos y reglamentos para ir regulando la actividad de las empresas extranjeras. En 1933, para extender los beneficios de la electricidad como servicio público se crea legalmente la Comisión Federal de Electricidad para generar, transmitir y distribuir la electrificación en todo el territorio mexicano, sin afanes de lucro; este organismo federal solo terminaría de consolidarse con nuevas reformas constitucionales que federalizaban la industria eléctrica y otorgaban al estado la facultad para legislar al respecto, lo que terminó por consolidarse en 1937, en pleno cardenismo.[3]

Al auge nacionalista de la expropiación petrolera aumentó la demanda de las fuerzas políticas de izquierda, para que el estado mexicano también nacionalizara la industria eléctrica y pudiera acelerar el acceso de todos los mexicanos a la electricidad que solo alcanza al 44% de la población. Para 1960, la CFE apostando a la generación hidroeléctrica, ya aportaba más del 50% de los kilovatios que se destinaban al servicio público, por lo que el gobierno de Adolfo López Mateos emprendió con prudencia la compra de las acciones de las compañías eléctricas que seguían en manos de capitales extranjeros; siguió después con la adquisición de plantas generadoras, líneas, subestaciones y trasformadores, hasta que por 52 millones de dólares adquirió el 90% de la mayor empresa eléctrica, la Mexican Light and Power Co, más todas sus deudas y pasivos, incluyendo su sede en la esquina de Melchor Ocampo y Marina Nacional.  Este fue el camino legal para mexicanizar la industria eléctrica.

En su segundo Informe de Gobierno el 1 de septiembre de 1960, López Mateos había dicho al Congreso de la Unión:

“…Al mexicanizar definitivamente la industria eléctrica del país, lo hicimos sin lesionar derechos ni interés legítimo alguno, y empleando procedimientos acordes con nuestro desarrollo general. En cada época los mexicanos hemos empleado los procedimientos y medios adecuados; debemos considerar, cuando ellos se aplican con buen éxito, que ha sido el país mismo el que ha transformado su capacidad creadora y su estructura económico-social…

“…Tenemos que seguir el camino que nos marca la Revolución Mexicana, sorteando la incertidumbre que domina al mundo; poner al día el cuadro de medios y procedimientos, y ajustar al país institucional e históricamente, para que pueda encauzar mejor su vida durante los próximos cincuenta años. Esa tarea ni la renunciaremos ni la abandonaremos cualesquiera que sean las presiones contrarias interiores o exteriores, pues México debe seguir siendo fiel al destino que su propia Revolución le señala y rechazar todo lo que contradiga su idiosincrasia, limite su crecimiento, o reduzca sus propósitos de ser soberano e independiente”.


[1]Memoria Política de México https://tinyurl.com/bdbp2ms6

[2] CFE. La Nacionalización de la Industria Eléctrica (1961) https://tinyurl.com/yckkxzx8

[3] Cuauhtémoc Amezcua. La nacionalización de la industria eléctrica (2014) https://tinyurl.com/4u57me58

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