Escribe Andrés Manuel López Obrador: “Luego de la Convención, y hasta antes del 20 de noviembre, fecha en que tomé protesta como presidente legítimo, me dediqué a recorrer las principales ciudades del país, para informar sobre las decisiones que habíamos tomado y aclarar dudas que surgieron por haber aceptado el cargo de presidente legítimo” (de México). (López Obrador, 2007).
En su misma voz narra: “El 20 de noviembre, en esta fecha tan importante y significativa, cuando conmemoramos el aniversario de la Revolución mexicana, que liberó a nuestro pueblo de la dictadura porfirista y conquistó derechos sociales para todos, tomé protesta en el zócalo, ante miles de ciudadanos, como presidente legítimo de México” (López Obrador, 2007).
“El 20 de noviembre también hablé de que ejercería una Presidencia itinerante. Tres días de la semana, lunes, martes y miércoles, atiendo asuntos públicos en la Ciudad de México. Y jueves, viernes, sábado y domingo me dedico a recorrer los 2 mil 500 municipios de nuestro país, para crear la organización ciudadana más importante que se haya visto en toda nuestra historia y llevar a cabo, desde abajo y con la gente, la transformación política, económica, social y cultural que requiere México” (López Obrador, 2007).
En síntesis, la toma de protesta fue un acto de alto valor republicano, pues en medio del caos generado desde el poder y del uso faccioso del aparato del Estado, la ceremonia devolvía al pueblo la soberanía y trazaba una ruta en aras de lograr el derecho a decidir colectivamente y sin coerción el destino de la patria. El acto fijo agenda, estilo y programa de lucha.
Fue el colofón de otros episodios de la historia nacional: “El acto de toma de protesta del 20 de noviembre fue realmente emotivo. Recuerdo que retomé el concepto de la felicidad que aparece en la Constitución de Apatzingán de 1814. Protesté diciendo: “Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, desempeñar, leal y patrióticamente, el cargo de presidente legítimo de México. Me comprometo a proteger los derechos de los mexicanos, a defender el patrimonio y la soberanía nacional y a procurar la felicidad del pueblo, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”. (López Obrador, 2007).
Ante una nueva multitud que desbordó la gris plancha de la Plaza de la Constitución o Zócalo, el presidente AMLO delineó Las primeras 20 medidas del gobierno legítimo:
“1. Impulsaremos un proceso para la renovación de las instituciones públicas. Junto con la comisión creada para este fin por la convención nacional democrática, llamaremos a un debate nacional y promoveremos un plebiscito para la elaboración de un nuevo marco constitucional.
- Defenderemos el derecho a la información y demandaremos la apertura de los medios de comunicación a todas las expresiones de la sociedad.
De manera particular, estaremos atentos a la decisión que tome la Suprema Corte ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores contra la llamada ley Televisa. Pero como no confiamos en el recto proceder de la mayoría de los ministros, de todas maneras, presentaremos, en su momento, una iniciativa de reforma que garantice la pluralidad y haga posible la democratización de los medios de comunicación.
- Atenderemos el grave problema migratorio insistiendo en el cambio de la política económica para la generación de empleos en nuestro país. Nos opondremos a la construcción del muro fronterizo y protegeremos del maltrato, la discriminación y la violación de los derechos humanos a los mexicanos que se han visto obligados a ir a trabajar a Estados Unidos.
- Denunciaremos permanentemente cualquier injusticia y vigilaremos la actuación de ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros, que sólo se dedican a “legalizar” los despojos que comete el fuerte frente al débil y a garantizar impunidad para delincuentes de cuello blanco.
Y reafirmamos que sin justicia no es posible que haya seguridad pública, ni tranquilidad ni paz social. También decimos que no se puede enfrentar al crimen organizado si no se aplica la ley al parejo y sólo se castiga a una banda para proteger a otra.
Reiteramos que no permitiremos la utilización del Ejército o de las policías paramilitares para reprimir la inconformidad del pueblo que lucha por la justicia y la libertad.
Desde aquí volvemos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo humilde y digno de Oaxaca, que es víctima de la represión, y demandamos la destitución de Ulises Ruiz, ese gobernador cacique y siniestro, así como el retiro de la Policía Federal Preventiva y el castigo a los responsables de los asesinatos.
- Enviaremos a los legisladores del Frente Amplio Progresista una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el combate a la corrupción y hacer valer la austeridad republicana.
Es indispensable considerar como delitos graves el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, el nepotismo y hacer negocios al amparo del poder público. También debe definirse un límite a los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los tres poderes de la Unión y de todos los niveles de gobierno. Es inaceptable que un ministro de la Corte esté recibiendo alrededor de 500 mil pesos mensuales, por sólo poner un ejemplo.
Asimismo, se propondrá la cancelación de las pensiones a los ex presidentes. Nunca más un gobierno rico con pueblo pobre.
- No permitiremos que se cobren más impuestos a los pobres y a las clases medias, y se mantengan los privilegios fiscales a los potentados e influyentes.
En consecuencia, rechazamos el cobro del IVA en medicinas y alimentos, y cualquier otra reforma fiscal regresiva.
Por el contrario, promoveremos ante el Congreso de la Unión que se lleve a cabo una auditoría a la Secretaría de Hacienda, en particular al SAT, porque los privilegiados de México sencillamente no pagan impuestos, o cuando los pagan se los devuelven.
- En los próximos días se enviará a los diputados del Frente Amplio Progresista un proyecto de presupuesto de egresos para 2007, que reoriente el gasto público a la educación, la salud, la creación de empleos y el bienestar de la población.
Recordemos que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto público y que mucho pueden hacer nuestros legisladores para reducir el dispendio, el gasto corriente, el pago de intereses por el Fobaproa y garantizar mayores recursos al campo, a las universidades públicas y a estados y municipios.
- Pasado mañana, por la importancia que tiene enfrentar a los monopolios económicos vinculados al poder, que lesionan impunemente la economía popular y de las clases medias, presentaremos a los senadores del Frente Amplio Progresista una iniciativa de ley de precios competitivos, que reglamente el artículo 28 de la Constitución y acabe con los exagerados cobros de bienes y servicios en nuestro país.
Es inaceptable que los mexicanos paguemos por el cemento gris 223 por ciento más que los estadunidenses; 260 por ciento más por la Internet banda ancha; 312 por ciento más por teléfono celular; 65 por ciento más por teléfono de línea fija; 230 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 116 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo; 131 por ciento más por electricidad comercial; 36 por ciento más por electricidad de alta tensión; 5 por ciento más por la gasolina Magna; 18 por ciento más por la gasolina Premium; 178 por ciento más por la tarjeta Banamex clásica; 115 por ciento más por tarjeta Bancomer Visa; 116 por ciento más por Cablevisión básico; 150 por ciento más por crédito a la vivienda, y 26 mil por ciento más por comisiones bancarias a compras con tarjeta en almacenes.
Y todo ello, a pesar de que el salario mínimo en México es 90 por ciento menor que en Estados Unidos. No podemos permitir que esto siga ocurriendo.
De aprobarse esta ley, de precios competitivos, millones de consumidores mexicanos obtendrían ahorros equivalentes a más del 10 por ciento de sus ingresos.
- Crearemos la comisión de la verdad para investigar el fraude en Fobaproa, los rescates a carreteras, a la banca de desarrollo y a los ingenios azucareros; asimismo, revisaremos todos los contratos de créditos y la construcción de obras realizadas mediante los llamados Pidiregas, en la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.
- Protegeremos a los productores nacionales ante la apertura comercial indiscriminada y sin límites. Particularmente se impulsará un plan de acción para impedir que en 2008 se aplique la cláusula del Tratado de Libre Comercio que permite la libre importación de maíz y frijol, lo cual significaría un golpe definitivo a 4 millones de familias campesinas.
- Defenderemos el derecho constitucional a un salario justo. Hoy en día, de 42 millones de mexicanos en edad de trabajar, 16 millones obtienen menos de 30 pesos diarios. Actualmente, diversas organizaciones sociales, sindicales y académicas han iniciado una campaña en defensa del salario mínimo constitucional, que originalmente fue concebido como un instrumento para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las familias de los trabajadores.
Anunciamos nuestro apoyo a esta campaña a favor de la remuneración justa y digna a todos los trabajadores del campo y la ciudad.
- Lucharemos porque los trabajadores del sector informal de la economía, los jornaleros agrícolas, las trabajadoras domésticas, los comerciantes ambulantes, entre otros, gocen de protección legal y tengan derecho a la seguridad social.
- Defenderemos la autonomía sindical y promoveremos la democratización de los sindicatos. De manera particular, lucharemos por que se respete el derecho al voto libre y secreto en la elección de dirigentes sindicales.
- No permitiremos la privatización de la industria eléctrica ni del petróleo en ninguna de sus modalidades. El petróleo no es del Estado y mucho menos del gobierno, es de la nación. Y la patria no se vende, se defiende.
- Defenderemos el patrimonio nacional. Es decir, los recursos naturales, las zonas arqueológicas, los ecosistemas, los bosques, las aguas y la cultura.
En estos momentos, en la Cámara de Diputados se discute una iniciativa de reformas a la Constitución que incorpora a los estados y municipios en el manejo y la administración del patrimonio histórico de México. Pero lo cierto es que con ello se pretende eliminar la responsabilidad federal y facilitar la privatización de las zonas arqueológicas y las reservas naturales.
El gobierno legítimo no aceptará esta contrarreforma y se sumará a las acciones emprendidas por ciudadanos y organismos civiles para proteger el patrimonio de la nación.
- Promoveremos ante el Congreso de la Unión que se establezca en la Constitución el Estado de Bienestar, que consiste en dar protección y una vida digna a todos los mexicanos desde la cuna hasta la tumba.
Insistiremos en que debe otorgarse, como sucede en el Distrito Federal, una pensión universal alimenticia a todos los adultos mayores del país; apoyos a todas las personas con alguna discapacidad y becas a madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela.
- Se impulsará el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que garantizan los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas.
- Vamos a luchar para impedir que sean rechazados los jóvenes que desean ingresar a las universidades públicas. Nunca aceptaremos que la derecha ponga la educación en el mercado como si fuese una mercancía que sólo puedan adquirir quienes tienen recursos económicos. La educación no se puede convertir en un privilegio. La educación y la cultura son fundamentales para el desarrollo del país. El Estado está obligado a garantizar el acceso a la cultura y a la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares.
- Haremos valer el derecho de los mexicanos a la salud. Hoy día, más de la mitad de la población no cuenta con seguridad social. El derecho a la protección de la salud no está garantizado, sea porque no se tiene el dinero para pagar la atención médica y los medicamentos o porque no hay servicios donde vive la gente.
El llamado Seguro Popular es pura demagogia, porque ni es seguro ni es popular. En los centros de salud no hay medicinas, sólo entregan la receta y cobran 6 por ciento del ingreso familiar para la afiliación.
El gobierno legítimo luchará por garantizar servicios médicos y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos carentes de seguridad social.
Pugnaremos por incrementar la inversión para la construcción de hospitales y centros de salud; para destinar más recursos al abasto de medicinas e insumos médicos, y contratar los médicos y enfermeras necesarios para brindar los servicios de salud. De la misma manera, buscaremos que el IMSS y el ISSSTE dispongan de los recursos suficientes para revertir su deterioro.
- Ayudaremos en todo lo que podamos a millones de mexicanos que viven en colonias populares, barrios, pueblos y comunidades rurales, sin servicios públicos y en viviendas precarias. Buscaremos alternativas para la introducción de agua, luz, drenaje, pavimento e insistiremos en el derecho de la gente humilde a recibir créditos de vivienda con tasas de interés equivalentes al incremento anual del salario mínimo.
”Que el gobierno legítimo sea el pueblo organizado”
Amigas y amigos:
El gobierno legítimo de México trabajará sin descanso en la defensa de la población, de la democracia y del patrimonio nacional.
Pero quiero compartir con ustedes una reflexión que he venido expresando: de poco serviría tener gobierno, presidente, gabinete y programa, si no se cuenta con el apoyo del pueblo.
Un gobierno divorciado de la sociedad no es más que una fachada, un cascarón, un aparato burocrático. Por eso propongo que el gobierno legítimo sea el pueblo organizado”. Con este llamado finalizó AMLO su discurso, debajo de una infinita águila juarista.
Jaime Avilés reseñó: “De espaldas al Palacio Nacional, en el mismo sitio donde estuvo durante los 48 días del plantón que se prolongó del 30 de julio al 16 de septiembre, el templete lucía ayer más angosto pero adornado con un telón de fondo color vino contra el cual resplandecía, en tonos de plata, el águila republicana de la época de Benito Juárez, vista de frente y no de perfil, bajo cuyas garras estaban alineadas, de seis en seis, las 12 sillas de los miembros del gabinete “legítimo”.
Dos banderas mexicanas, enhiestas en sus respectivos mástiles, se erguían a los flancos de la majestuosa águila de plata, creando todos estos elementos una escenografía de elegante y austera solemnidad para reflejar no sólo el carácter de la breve ceremonia de toma de protesta sino, fundamentalmente, del proyecto político que fue puesto en marcha ayer”.
*Este texto forma parte de un trabajo más amplio que se denomina: Los años de la resistencia, que será publicado en esta columna por entregas.
