Con precisión milimétrica, la reciente aparición en el escenario mediático del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, donde anunció que el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin aceptó ser extraditado desde España a México, para colaborar con las autoridades en las investigaciones sobre el caso Odebretch y la información sobre la orden de aprehensión en contra de 46 funcionarios involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es la oportunidad de oro para que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, dé el golpe de autoridad que tanto necesita para confirmar que el combate a la corrupción, es en serio.
Justo cuando el país se encuentra envuelto en un escenario desalentador, la noticia de estas acciones de la Fiscalía General, suenan a bálsamo porque en ellas está implícito que en esta ocasión, dos de los responsables de los hechos más vergonzosos y deleznables que sacudieron a nuestro país en el sexenio de Enrique Peña Nieto, serán llamados a rendir cuentas ante la justicia. Algo que serviría de mucho para elevar la moral de todo un pueblo.
Y es justo también porque todo parecía indicar que el gobierno actual no tenía el mínimo interés en tocar a algún personaje del imperio peñista. Se hablaba de un pacto entre el gobierno saliente y el entrante.
Era un impresión que se consolidaba día con día. Salvo Rosario Robles y el abogado Juan Collado, ninguna otra personalidad del grupo de Peña Nieto había sido tocada ni con el pétalo de una rosa. Con las afirmaciones de Gertz Manero, esa impresión ha dado un giro distinto que, de aplicarse correctamente la ley, el ganador máximo sería el gobierno de López Obrador.
En el caso de Emilio Lozoya, se ha confirmado que en cuanto llegue a México, se iniciarán las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades de todos los que participaron en el escandaloso tema de la compra de agronitrogenados y el destino de los 10 millones de dólares que la firma brasileña Obedretch otorgó como soborno para ser beneficiaría directa de los contratos que se firmaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El discurso del fiscal ha sido claro y contundente, se investigará y castigará a cualquier persona o grupo político que resulté responsable de haber sido beneficiado de esas operaciones que dañaron las finanzas de nuestro país.
Si Lozoya habla y dice lo que sabe, posiblemente veremos declarar a sus jefes inmediatos. No olvidemos que su anterior representante legal, Javier Coello Trejo ha señalado que Emilio Lozoya, no se mandaba solo. ¿Seremos testigos de un juicio contra Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto? La respuesta está en la cancha de la actual justicia mexicana.
En cuanto al evento de Ayotzinapa, el fiscal Gertz Manero echó por tierra la verdad histórica que fue construida por los hombres de confianza del peñismo, donde el Procurador General de Justicia, en ese entonces, Jesús Murillo Karam, dio carpetazo a las investigaciones, deslindando de responsabilidades a muchos de los funcionarios que fueron los causantes de las desaparición forzada de los jóvenes normalistas de la Normal Isidro Burgos, en aquel septiembre negro de 2014.
Para ello se solicitó al Poder Judicial la orden de aprehensión en contra de 46 servidores públicos de diversos municipios de Guerrero por delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, al tiempo que se también se busca a Tomás Zerón de Lucio, el encargado de la agencia de Investigación Criminal que en aquel momento, actúo sospechosamente protegiendo a su grupo político.
El vuelco a las investigaciones sobre este caso, también pone de manifiesto la corrupción institucional y de funcionarios que hicieron todo lo posible por cuidar sus desatinados actos durante ese operativo, concluyendo también que el mexiquense Peña Nieto, los cubrió con su manto protector.
El derrumbe de la verdad histórica y la llegada de Emilio Lozoya para aclarar mucho sobre el caso Odebretch, puede convertirse en el fin de la impunidad priista y en el inicio de la reconstrucción de un país que necesita volver a creer en la impartición de justicia.
Ante este escenario, el tiempo parece alinearse a favor del gobierno de la cuarta transformación, porque precisamente el combate a la corrupción es uno de sus principales emblemas. El presidente López Obrador ha celebrado este par de acciones porque considera que lo que se diga de estas nuevas investigaciones, ayudará mucho para conocer de cerca, dos de las más lamentables muestras de abuso de autoridad e impunidad del sexenio pasado.
Queda completamente en el terreno de la justicia mexicana cumplir con un castigo ejemplar y mandar el mensaje de que ahora sí, la corrupción será perseguida hasta exterminarla. Por el bien de México es el momento de cambiar. Sí es así, la credibilidad del gobierno actual cobrará relevancia y la idea de que existe algún pacto con el gobierno priista quedará en desuso.
Traer a Lozoya para juzgarlo y buscar a los verdaderos culpable de la muerte de los 43 jóvenes en Ayotzinapa, son evidencias de que la cuarta transformación va. En caso de que no sea así, todos lo lamentaremos.
Por lo pronto y en espera de que nada impida llegar hasta las últimas consecuencias, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, los casos de Lozoya y Ayotzinapa son un golpe de autoridad muy necesario.
