Redacción

Por ser totalmente inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debe anular la “Ley Bonilla” afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), al advertir que, si bien el tema surge en Baja California, lo cierto es que su impacto es nacional porque tiene repercusiones en los cimientos de la Constitución, el principio básico de respeto al voto popular.

“Es de tal grado la relevancia de dicho fallo, y más por la crisis de confianza por la que pasan las instituciones y diversos gobiernos en el mundo debido a cómo han dado respuesta a la crisis del Covid-19, que la SCJN tiene prácticamente en sus manos, el futuro de la democracia en México”, afirmó Gustavo de Hoyos, dirigente de la COPARMEX.

El sindicato patronal considera que, en este relevante asunto, al menos se advierten múltiples violaciones de fondo: la del derecho a la seguridad jurídica, principio de legalidad; la irretroactividad de las leyes; y la vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía en Baja California.

En ese sentido, dijo que para el procedimiento de renovación de los cargos público en la entidad, se establecieron previamente las condiciones, bajo las cuales se expresó la voluntad de los gobernados, y votaron por un gobernador de dos años, la modificación del mandato viola el ejercicio del derecho al voto.

Y es que permitir al Congreso local modificar el periodo de encargo de un gobernante electo, es contrario a la esencia del sistema democrático. Pero además, hay una prohibición expresa en el artículo 105 Constitucional. Las leyes electorales no pueden modificarse 90 días antes al inicio del proceso electoral. Esta prohibición expresa se introdujo en 1996, precisamente para evitar el tipo de fraude a la ley que se pretende con la “Ley Bonilla”.

Ante ello, ratificó que la posición del sector privado ha sido contundente en contra de que se vulnere la Constitución Política de México. Al respecto, recordó que el pasado 12 de noviembre, la COPARMEX junto con los otros organismos que componen el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presentó un Amicus Curiae ante la SCJN en el que el gremio solicita a la SCJN resolver la inconstitucionalidad del Decreto 351, aprobado por el Congreso local.

El Amicus Curiae es un mecanismo según el cual, terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés justificado, pueden presentar una opinión técnica a un tribunal para aportar elementos relevantes para que el Poder Judicial los considere.

“La COPARMEX estará pendiente de la resolución que emita la SCJN, y por el bien de México y su sistema democrático, llama a votar a favor de anular y declarar la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla”, afirmó.

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