Redacción 

A casi tres meses de que el Presidente de la República presentó al Congreso la iniciativa para prohibir la subcontratación laboral, que involucran diversos cambios a diversas leyes federales tales como la Ley Federal del Trabajo, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre otros, aún subsisten muchas dudas respecto del alcance de varios de los artículos y conceptos contenidos en estas leyes y cómo impactarán en la operación diaria de las empresas dice Pedro Zugarramurdi, Socio de Salles Sainz Grant Thornton.

Asimismo, y aunque no es un tema específicamente incluido dentro de la iniciativa, el impacto que tendría en las empresas el reparto de utilidades (PTU) a trabajadores ha hecho que se ponga el mismo en la mesa de negociación y se haya propuesto por parte del sector empresarial la posible limitación de las cantidades a repartirse por dicho concepto.

La falta de acuerdo sobre este último punto, la indefinición respecto a lo que se considera servicios especializados u obras especializadas y los plazos para la entrada en vigor de estos cambios, esto, aunado a los cambios a las demás leyes complementarias, ha generado una gran incertidumbre en el sector empresarial (incluyendo pymes) al no tener claro cuáles podrían ser los alcances de la iniciativa de reforma.

En términos generales, la iniciativa busca prohibir la subcontratación de personal que consista en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, dice Pedro.

Así, “sólo quedará permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos; sin embargo, en este punto existe una gran indefinición de lo que se podrá considerar o no como servicio especializado”, afirma Pedro.

Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla con el pago de las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores, serán responsables solidarios de dichas contribuciones en lo que corresponda a los trabajadores implicados en la prestación de los servicios, menciona el directivo de Salles Sainz Grant Thornton.

Asimismo, Las empresas que presten servicios especializados requerirían autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a ser renovada cada tres años, por lo que serán inscritas en un padrón público. “Esto resalta la importancia de tener una clara definición del término servicios especializados, porque de lo contrario la STPS se llenará de solicitudes de autorización de servicios de empresas que probablemente no lo requieran pero que ante la duda lo presenten y que sólo entorpecerán la implementación de la reforma”, remarca Zugarramurdi.

Por otra parte, seguirán permitidas las agencias de colocación, pero éstas sólo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en ningún caso se considerarán como patrones, menciona el directivo.

En cuanto a las sanciones, Pedro comenta que la iniciativa contempla que la violación a las nuevas disposiciones implicaría multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización; para este 2020, esos valores van de los $173,760 pesos hasta los $4,344,000 pesos.

En cuanto a las implicaciones fiscales, “Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento para las empresas que los realicen y además, la utilización de esquemas simulados de servicios especializados o realizar la subcontratación de personal se considerarán como un delito de defraudación fiscal calificado”, mencionó el vocero de la consultoría fiscal y contable.

La reforma debió empezar a discutirse en el Congreso a partir del mes de febrero de 2021; sin embargo, “formalmente todavía no han empezado por lo que se mantiene la especulación y el suspenso de cómo quedará finalmente, y cuáles serán las nuevas reglas a seguir en esta materia. De hecho, ya existen rumores de que las negociaciones podrían irse hasta el segundo semestre de este año, de acuerdo algunas notas periodísticas que han salido en estos días”, mencionó Pedro sobre la reforma a la subcontratación.

 

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