En el mes de agosto del año pasado, Morena se aprestaba a realizar las asambleas distritales para renovar a sus dirigencias. Un par de meses antes, el Comité Ejecutivo Nacional apenas recibía un padrón que habría guardado con mucho recelo Gabriel García, antiguo Secretario de Organización. Sólo él lo conocía y se temía hubiera hecho un mal uso del mismo. Cuando fue revisado, se encontró una pequeña porción del número de militantes esperado. El resto, eran simples listados de nombres sin evidencia documental.

Se envió la convocatoria pidiendo a los protagonistas del cambio verdadero se buscaran y registraran su participación, sin embargo, sucedió algo tan  indeseable como inesperado, miles de afiliados, incluyendo a fundadores, NUNCA se encontraron quedando marginadas sus ilusiones de participar en un proceso que les permitiría votar y ser votados. Por supuesto, tampoco estaban incluidas aquellas personas que se habían afiliado después del 20 de Noviembre de 2017 en todo el país, que se contaban por cientos de miles.

En días previos al proceso, Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado y Alejandro Rojas, coincidían por separado en la necesidad de postergar las asambleas hasta que se tuviera un padrón incluyente, y se realizara la encuesta sugerida por el presidente de la república. Bertha Luján se opuso, con el aliento parcial de Héctor Diaz Polanco.

Las temidas asambleas se efectuaron bajo un ardoroso y febril acarreo, compra de votos y promesas de puestos y cargos. Las protestas se hicieron presentes en todo el país, en especial por la exclusión deliberada de la militancia. El 60% de las asambleas fueron impugnadas por los militantes y un alto porcentaje no se pudo instalar.

Bertha Luján y Pedro Miguel festinarían el “éxito” de las asambleas bajo su confidencial lema; “el fin justifica los medios”. NUNCA les importaron los derechos políticos de aquellos que acompañaran al presidente por tantos años.

El 30 de Octubre de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad, determinó “dejar insubsistentes todos los actos derivados” como las asambleas distritales desarrolladas. Los motivos: el padrón no era confiable pues no se había depurado y actualizado, y se había dejado fuera a TODA la militancia ingresada después del 20 de noviembre de 2017, siendo esto una CLARA arbitrariedad. El artículo 24 del estatuto establece: “Para efectos de la participación en el Congreso Distrital, el registro de afiliados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se cerrará, por lo menos, 30 días antes de su realización”.

Ese mismo día, Bertha sabía se le caía el “teatrito” y, afuera de las  instalaciones del Tribunal,  gritaba descompuesta que los magistrados habían sido “maiceados” y que investigaría sus patrimonios.

Todavía, en un claro desacato a la sentencia, Luján “reconoce” y usa a “los consejeros electos en 2019” en un burdo intento clientelar. Todos sabemos los únicos consejeros vigentes fueron elegidos en 2015.

En el grotesco camino que Bertha Luján ha perfilado, se encontró con el famoso “Congreso Patito” que le permitió imponer por cuatro meses a un “presidente interino” y ocho secretarios a modo que terminaron su gestión y oportunidades el pasado 26 de junio.

Ante esto, el TEPJF ordenó se hiciera una encuesta abierta a la ciudadanía para elegir al presidente(a) y secretario(a) general del Comité Ejecutivo Nacional del partido antes del 31 de agosto, ya que únicamente se cuenta con el MISMO PADRÓN OBJETADO con anterioridad, y en una encuesta aplicada sólo a la militancia una vez más se dejaría fuera al grueso de la misma, privilegiando a los “dueños” del padrón.

El Tribunal también dejó clara la opción de usar “herramientas tecnológicas” en virtud de la pandemia. TODOS sabemos una encuesta telefónica “con grandes números” nos daría una certeza absoluta.

Bertha intuye, y hace bien, que en una encuesta abierta a la ciudadanía  jamás ganaría. Por eso, y desde siempre, se opone sin razones dignas que justifiquen su proceder. Es prudente sugerir a doña Bertha que no le tenga “miedo al pueblo”, ahí se encuentran 30 millones de mexicanos que votaron por el cambio y su derecho a decidir en un partido que les pertenece.

Es, por lo menos ridículo, amenazar con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos humanos cuando las dirigencias nacionales están violando los derechos partidarios en Morena, y más aún, la “promoción” de un jocoso e hilarante juicio político en contra de los magistrados del TEPJF.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos”.

Como podemos ver, “el intervencionismo” del Tribunal Electoral que denuncia doña Bertha, resulta tan indispensable como obligatorio, cuando los dirigentes no tienen claro el sentido de su participación y pretenden aprovecharse de la candidez y buena fe de los demás para llegar a fines inescrupulosos.

¡Las leyes son simples cuando se observan con decoro!

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