El año 2004 era habitual observar al Lic. Andrés Manuel López Obrador caminar por los pasillos del Antiguo Palacio Virreinal o sede del entonces Gobierno del DF, sonriente y charlando con algún funcionario cercano, solía tratar así algunos asuntos, pues no era del hábito de usar teléfono celular.
La urbanidad política con la que gobernó la ciudad sorprendió positivamente a la sociedad capitalina, mostró el talante de verdadero estadista del luchador social; pues las plumas pagadas ya habían anticipado erróneamente que “un rijoso que tomó los pozos petroleros” tendría al DF en el caos y la ingobernabilidad. Pero ocurrió todo lo contrario, nunca ha habido más gobernabilidad, seguridad pública y tranquilidad que durante su sexenio, pues la gente de a pie recuperó la confianza en su gobernante.
El Jefe de Gobierno se mostraba siempre atento con la gente y animado por los resultados del trabajo intenso; pero su creciente popularidad condujo al gobierno panista a sentir pasos en la azotea y desde principio de año los miembros más prominentes del PRIAN (en esas fechas el PRI y el PAN ya eran como la Coca Cola y la Pepsi Cola decía López Obrador), enfocaron sus baterías para minar el posible camino de AMLO a la elección presidencial de 2006.
El famoso complot fue algo tan real que meses después se documentó el papel de Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y el empresario Carlos Ahumada en la trama organizada con el uso faccioso del aparato del Estado contra el gobernante capitalino.
En las oficinas del GDF privaba la sobriedad y la austeridad republicana, un gran porcentaje de servidores públicos desde mandos altos y medios hasta promotores y brigadistas proveníamos del movimiento democrático en su concepción más amplia. Había maestros, sindicalistas, luchadoras sociales, líderes de vivienda, estudiantes recién egresados, jóvenes, jefas de familia, y un largo etcétera, con el denominador común que AMLO integró su gobierno con compañeros simpatizantes, militantes y participes de las luchas de la ciudad. Para servir a la Ciudad hay que amarla, era la premisa.
Por ello cuando se dieron a conocer las medidas de austeridad lo hicimos con gusto y convicción, en comparación con el pueblo empobrecido, los sueldos en el GDF, aunque habían sido reducidos eran muy dignos, y de nuestra bolsa comprábamos papel bond, tinta para impresoras, gasolina, etc. Alegraba el ambiente el hecho de que cientos de miles de adultos mayores otra vez volvieron a ser visibles en sus familias, a tener para el pan en la mesa, a ser tomados en cuenta por los demás, toda vez que la pensión les devolvía condiciones mínimas para subsistir y colaborar con otros integrantes vulnerables de sus propias familias. Muchos abuelos históricamente cuidan y educan a sus nietos ante el abandono de sus padres, o la necesidad de la madre soltera de trabajar, etc. Las evidencias de un cambio social en la capital de México nos motivaban a todos.
Fue entonces cuando ocurrió la embestida golpista de la élite o mafia del poder. El Caso Paraje San Juan evidenciado a fines de 2003, donde al viejo estilo priista querían endosarle al erario una indemnización de 1,800 millones de pesos fue el primer anuncio.
El segundo caso de la campaña sucia se dio en enero de 2004 con el caso de Nicolás Millonedo, compañero de toda la confianza de AMLO que organizaba su logística (eliminando onerosos aparatos de seguridad), preparaba giras y eventos, además de conducir su auto un Tsuru estándar, para llevar al Jefe de Gobierno a las colonias; este personaje fue acusado de ganar 63 mil pesos mensuales, por la prensa amarillista que lo quiso presentar como un “chofer” que ganaba esa cantidad por conducir el auto del Jefe de Gobierno, sin dar el contexto de todas las funciones que desempeñaba, y que por el contario había logrado economías porque se habían centralizado y simplificado acciones que antes realizaba una estructura de decenas de personas.
A su vez, de manera marginal durante febrero y marzo comenzó a circular en esquinas de páginas perdidas de los diarios capitalinos, una nota que a primera vista parecía inverosímil, un juez preparaba un expediente para destituir al Jefe de Gobierno por permitir la construcción de una calle que comunicaba una avenida con un hospital en el predio El Encino.
Sin embargo, a fines de febrero sucedió un episodio inesperado, inscrito en el marco de las estrategias de la sociedad teledirigida, pero que fue parte del plan para preparar el terreno. En febrero de 2004, salió a la luz pública un video que mostraba a Jorge Emilio González (conocido como “el Niño Verde” del PVEM) en negociaciones con un sujeto que le ofreció un soborno por 2 millones de dólares para que ayudara en la liberación de unos terrenos protegidos cerca de la zona de Cancún y con ello realizar una obra que afectaba la flora y fauna del lugar al destruir los manglares de la zona. Todas las voces partidarias se lanzaron a criticar los burdos hechos del video, sin imaginar que tan solo eran los preparativos de los episodios siguientes.
La estrategia de la sociedad teledirigida fue puesta en marcha en esos años iniciales del siglo XXI, toda una concepción que fue analizada posteriormente a nivel global por pensadores como Giovanni Sartori quien escribió: “La democracia ha sido definida con frecuencia como un gobierno de opinión y esta definición se adapta perfectamente a la aparición de la video- política. Actualmente, el pueblo soberano “opina” sobre todo en función de cómo la televisión le induce a opinar. Y en el hecho de conducir la opinión, el poder de la imagen se coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporánea.” (Sartori, 2006).
En las televisoras mexicanas, se adaptó la tesis “De la primacía de la imagen” que describió Sartori en su célebre estudio sobre el tema “Homo Videns, la sociedad teledirigida”. La manipulación de la opinión pública es desarrollada a partir de la máxima “lo que se ve no se juzga”, es decir, “lo que salió en televisión no está en duda”, se pondera “lo visible sobre lo inteligible, lo cual nos lleva a ver sin entender”. El duopolio de Televisa y TV Azteca no sólo se convirtió en el instrumento de comunicación de masas del poder, sino en otro poder, el poder político de la televisión.
“La televisión favorece –voluntaria o involuntariamente- la emotivización de la política, es decir, una política dirigida y reducida a episodios emocionales.” Dice Sartori, y en el caso de las televisoras mexicanas es una estrategia voluntaria debido a las intenciones ya descritas y como veremos a continuación: “La cuestión es que, en general, la cultura de la imagen creada por la primacía de lo visible es portadora de mensajes “candentes” que agitan nuestras emociones, encienden nuestros sentidos, y, en definitiva, nos apasionan.” (Sartori, 2006).
Uno de los sucesos ampliamente conocidos, que representó hasta dónde puede llegar la perversión de la realidad a través de la televisión, y que significó un antecedente de la guerra sucia contra la izquierda electoral en 2004- 2006, significó uno de los capítulos de la vídeo- política plasmada, ocurrió en 1999 con el asesinato del conductor Francisco “Paco” Stanley, (Francisco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 en el estacionamiento de un Restaurante que se localiza en el Anillo Periférico sur, en el Distrito Federal), cuando los locutores de Televisión Azteca se apresuraron a declarar e insistir durante horas que el responsable indirecto del mismo era el entonces Jefe de Gobierno el DF, Cuauhtémoc Cárdenas con el argumento de que no garantizaba la seguridad pública para los capitalinos.
Después se supo que el homicidio estaba vinculado a la relación del conductor con el crimen y el mundo de las drogas. El daño ya estaba hecho y tras machacar horas prácticamente en cadena nacional que la muerte de este personaje era “culpa” de las autoridades capitalinas, la popularidad y aceptación del Ing. Cárdenas había caído a sus niveles más bajos, y la televisión llegó al extremo de poner en la mesa la renuncia del jefe de Gobierno del DF, sin importar que todavía no hubiera una pesquisa judicial, y peor aún: enfrentando toda la fuerza del poder político de la televisión al primer gobernante de la capital electo democráticamente.
¿Había en esto un trasfondo? Por supuesto. El dato era que en esos días nos encontrábamos en los prolegómenos de la sucesión presidencial de 2000 –prácticamente a un año del proceso-, dónde se auguraba el PRI perdería por primera vez en setenta años el poder. Esto fue solo una brizna de lo que años más tarde haría la televisión para cerrar el paso a la izquierda electoral.
En sintonía con lo que ocurrió en años recientes, entre marzo y junio de 2004 el duopolio televisivo efectuó el que ha sido su principal ensayo en el terreno social para demostrar su capacidad política propia, en términos de una estrategia integral que rebasó el puro espacio virtual. Primero con los video escándalos de Carlos Ahumada, y luego con la supuesta marcha ciudadana “contra la inseguridad”.
Del impacto político de los videos en el caso Ahumada da cuenta Jaime Avilés:
“El 1 de marzo, Televisa difundió el video de Ponce en Las Vegas. Luego, el de Bejarano. Después, el de Ímaz. Esos videos contaban con la bendición de Salinas y Fernández de Cevallos. El impacto fue tremebundo. Bejarano renunció a su puesto, fue juzgado y sentenciado por el gobierno de Andrés Manuel y estuvo en la cárcel. Ímaz debió separarse inmediatamente de la Delegación Tlalpan. Ponce también cayó preso. Pero Andrés Manuel salió indemne: el pueblo no se dejó engañar. De allí, el gran éxito del mitin del 14 de marzo de 2004 en el Zócalo. Ese domingo en que una multitud enardecida, por primera vez lo llamó… “¡Pre-si-dente! ¡Pre-si-dente!”. Ya, desde el último trimestre de 2003, Andrés Manuel enfrentaba la presión de los medios, por negarse a cumplir la sentencia de un juez que condenó al GDF a pagarle mil 810 millones de pesos a un particular. Era un fraude maquinado por numerosas personas, desde hacía muchos años”.
Después del golpe a la línea de flotación del proyecto del PRD y que de pasó trató de minar a AMLO, en la trama que significaron los video escándalos, en junio de 2004, montándose en la quizá era justa, pero en este caso descontextualizada demanda de grupos ciudadanos -y esencialmente de células de la derecha- de exigir mayor seguridad pública, las televisoras tomaron en sus propias manos el control político de dicho movimiento.
A partir del manejo del miedo social, después de difundir en todos sus espacios que la inseguridad pública era un problema desbordado, y que en la capital del país este problema era crónico, los productores de noticieros y programas de entretenimiento retomaron imágenes de crímenes de otras épocas, creando psicosis colectiva, y sobre todo manipulando la información y la imagen; y en el clímax con la ayuda de las empresas lograron sacar a la gente a las calles en una manifestación que denominaron “la marcha blanca”. En el mundo ficticio de la televisión el Distrito Federal era la capital mundial del crimen, más peligrosa que Bagdad en la guerra, lo que además de contradecir la realidad y lo esfuerzos del gobierno democrático para combatir la delincuencia, contradecía las propias cifras sobre seguridad pública del gobierno federal.
Lo que menos importaba a las televisoras realmente era el tema de la seguridad pública, se trataba de demostrarle su propia capacidad de movilización al gobernante del DF, Andrés Manuel López Obrador, y advertir que en caso de que la izquierda ganara la presidencia en 2006, se adoptaría un modelo similar al que instrumenta la derecha en Venezuela, donde la televisión ha contribuido decididamente a la polarización social y a las movilizaciones recurrentes contra la Revolución Bolivariana.
Un comentario de AMLO respecto a que detrás de la marcha estaba la mano negra de la derecha bastó para que el duopolio ejerciera toda la presión contra el jefe de Gobierno capitalino, como si él fuera el único responsable de la delincuencia en el país, y como AMLO no cedió, las televisoras intensificaron en ese y otros asuntos la andanada.
El duopolio televisivo ha jugado el rol central en la defensa de los privilegios de la oligarquía, de la cual los dueños de las principales cadenas de radio y televisión forman una parte muy activa y con muchos intereses creados, porque la televisión mexicana es también la ventana de las trasnacionales que desde una especie de estado supranacional y virtual -producto de la concentración del capital mundial- dictaminan los contenidos del proceso de globalización.
En el caso de la marcha contra la inseguridad, las televisoras se valieron de sus vínculos con las transnacionales para “movilizar” obligatoriamente a los empleados de las mismas, con triunfalismo trasmitieron esta marcha contrarios a su propia costumbre de descalificar toda movilización social “por el caos que genera”. Es decir, el Estado mediático tenía ya base social, incluso clientelar y corporativa con todo lo que esto implicaba a la luz de los fenómenos sociales contemporáneos.
El auge del poder político de la televisión o mejor dicho del duopolio televisivo se observó con intensidad durante todo el sexenio de Vicente Fox 2000-2006, quien como hemos descrito llegó al poder precisamente mediante una estrategia de “marketing” político, donde el elector fue caracterizado como consumidor, y el candidato como un producto, en una perspectiva de mercado, de Ley de oferta y demanda.
La ruta del complot contra AMLO, con la secuencia: Caso Paraje San Juan, Nicosgate, Video escándalos de Carlos Ahumada- Rosario Robles, apuntaban a un punto culminante: el desafuero del Jefe de Gobierno. Pero no contaban con la resistencia civil del pueblo de México, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional.
*Este texto forma parte de un trabajo más amplio que se denomina: Los años de la resistencia, que será publicado en esta columna por entregas.
