Por Mónica Delgado Torres

En México, el costo promedio del fraude alcanza un millón 400 mil pesos por evento y constituye uno de los delitos más frecuentes y que más profundamente daña a empresas e individuos, toda vez que 8.0 por ciento de las empresas no pueden cuantificar la pérdida.

Así lo revela el estudio “El impacto de los delitos financieros. Prevención, detección y respuesta”, realizado por KPMG en México, al agregar que para 46 por ciento de los encuestados, la afectación económica o pérdida asciende hasta 500 mil pesos, mientras que 36 por ciento ubica el costo entre 500 mil 001 pesos y cinco millones de pesos; 10 por ciento estima pérdidas por más de cinco millones de pesos.

Expone también que en la modalidad del fraude interno, la malversación de efectivo es la principal, con 58 por ciento, seguida por la malversación de activos como inventarios, con 42 por ciento, y el conflicto de interés, con 39 por ciento.

Los sectores de transporte, salud, manufactura, hotelería y telecomunicaciones lideran el porcentaje de casos de malversación de efectivo, mientras que las industrias química y farmacéutica, electrónica, alimentos y automotriz están a la cabeza en casos de fraude por malversación de otros activos.

Respecto a fraude externo, las mayores modalidades de fraude detectadas son las relacionadas con sobornos con 43 por ciento y con igual porcentaje, documentación falsa.

La firma multidisciplinaria especializada en auditoría, impuestos y legal plantea que los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción y cibercrimen, son una constante amenaza para las empresas.

En México, 67 por ciento de las empresas consideran que los controles implementados actualmente para mitigar los riesgos de los delitos financieros que pudieran presentarse son inadecuados o necesitan reajustarse, y únicamente 33 por ciento considera que son adecuados.

Con el avance de la tecnología, alertó, los ataques cibernéticos se han convertido en un riesgo creciente para las organizaciones, ante el cual no siempre están preparadas.

Aunque 86 por ciento de las compañías afirman que utilizan un antivirus, así como firewalls internos o externos, solo tres de cada 10 han realizado evaluaciones de ciberseguridad, tales como pruebas de penetración, a pesar de que estas son obligatorias para los bancos y otras entidades del sistema financiero.

En cuanto a la emergencia sanitaria mundial, grupos de delincuentes han aprovechado el miedo y la incertidumbre generada para defraudar empresas e individuos en todas las industrias.

Al respecto, el sondeo de KPMG desvela que las amenazas más comunes incluyen sitios de internet relacionados con Covid-19 que contienen malware, correos de phishing disfrazados con actualizaciones de la pandemia, mediante los cuales los criminales roban las credenciales de los empleados y obtienen acceso a los sistemas de la organización.

Se suman también ataques de ramsonware, por medio de los cuales los delincuentes comprometen la seguridad de los servidores críticos y las terminales conectadas para luego exigir un rescate, frecuentemente en criptomonedas, así como otras estafas mediante aplicaciones móviles.

A decir de la socia líder de Forensic de KPMG en México y Centroamérica, Shelley M. Hayes, en los últimos años han observado avances en los esquemas de prevención y control de los delitos financieros.

“Sin embargo, aún falta que las compañías maximicen sus esfuerzos para crear un sistema integral y eficiente que contemple prevención, detección y respuesta oportuna. Hay tareas pendientes en cuanto a la evaluación de los sistemas y políticas existentes, así como la inversión requerida y el uso de tecnologías para combatir los crímenes financieros”.

En esta edición de la encuesta sobre delitos financieros, KPMG revela las respuestas de más de 200 directivos de diversas industrias, la mayoría de ellos a cargo de la Dirección de Finanzas o Cumplimiento, acerca de las técnicas de prevención de fraudes, el cumplimiento de las leyes para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como el impacto de la corrupción y los ciberataques.

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