La ignorante desesperación por recursos del gobierno de la Ciudad de México está a punto de llevarlo a los tribunales.

Unos 150 distribuidores de vehículos nuevos en la capital mexicana se ampararon en contra de la decisión de la autoridad capitalina que obliga a las más de 200 agencias automotrices a ser responsables del trámite de placas y pago de tenencia de las unidades y ofrecer el servicio en forma completamente gratuita.

Ello además ha provocado que una gran cantidad de vehículos -se habla de miles-, estén retenidos sin poderlos entregar a sus dueños, pues el cierre de actividades administrativas en la Secretaría de Movilidad por la pandemia de Covid-19 ha imposibilitado el trámite.

Con la justificación de que son cada vez más las unidades que se emplacan en los estados circunvecinos como Estado de México y Morelos, debido al alto cobro de tenencia en la Ciudad de México, se llevaron a cabo las modificaciones al Código Fiscal de la Ciudad de México en diciembre de 2019, a través de las que obligan a los vendedores de vehículos nuevos a realizar los trámites en forma completamente gratuita, a lo que ellos mismos han dicho “¿Y yo por qué?

Y es que a decir de ellos, el servicio de gestoría de trámites tiene costos administrativos que no se están reconociendo en una actitud que pareciera de “aplanadora” que a todos aplasta.

Esta decisión, en primer lugar, cancela el derecho de cada quien para hacer directamente el trámite, es decir, que no puede ser el propietario el que haga el trámite, tiene que ser el distribuidor quien lo tiene que hacer a nombre del propietario.

En segundo lugar, pretenden que la gestoría sea totalmente gratuita, es decir, que el distribuidor únicamente le va a cobrar al cliente el importe tal cual del gobierno de la Ciudad, el alta o en su caso la tenencia así como toda la tramitología, pero estará impedido a cobrar el costo de personal que se dedica a ello, de resguardo, de mensajería e incluso papelería.

El sistema no es operativo y lejos está de cumplir con el propósito del Gobierno de la Ciudad de México de hacer que los vehículos se emplaquen en la capital mexicana para obligar al pago de tenencia y enriquecer las arcas gubernamentales.

El comprador seguirá teniendo la opción de adquirir su unidad en cualquier otro estado de la República con un domicilio fiscal diferente a la Ciudad de México, que es como hasta la fecha se ha estado haciendo.

Si el gobierno de la Ciudad de México está preocupado porque cada año recauda menos impuestos por el pago de Tenencia Vehicular, es probable que deba diseñar un nuevo método que iguale el cobro al de los estados vecinos y hacia donde están migrando los compradores y no tratar de perjudicar a un sector que ha contribuido a la riqueza y la generación de empleo en todo el país.

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